La construcción de vivienda de interés social en el país ha demostrado con indicadores irrefutables que es un gran dinamizador de la economía moviendo toda la cadena productiva: insumos, materiales, proveedores y en virtud a ello fuente de generación de empleo de mano de obra calificada y no calificada. Solo en el año 2021 este sector generó 1.5 millones de empleo, siendo también el primer sector en reactivarse en pandemia.
Estos resultados positivos promovidos por el Gobierno nacional, a través del Programa de Subsidios MI CASA YA, y concurrencia de las cajas de compensación familiar del país, subsidio a la tasa Frech ofrecida por los bancos a los hogares cuyos ingresos no superan los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que ha permitido alcanzar récord históricos en los años 2021 y en el primer trimestre de 2022 en la venta de vivienda de interés social, con 227 mil unidades y 63.490 unidades respectivamente, pueden verse seriamente afectados si el nuevo gobierno decide no darles continuidad a estos programas.
De hecho, muchos negocios inmobiliarios una vez elegido el nuevo presidente hicieron valer la cláusula “Petro” incluida en las promesas de compraventa de potenciales compradores y las deshicieron ¿Pero qué haría pensar que un programa exitoso no sería del interés del nuevo gobierno o por lo menos no en la misma proporción y relevancia? Quizás la respuesta se encuentre en su plan de gobierno “Colombia Potencia Mundial de la Vida” en él la política de vivienda daría un giro diametralmente opuesto a la política de vivienda actual.
El nuevo enfoque como todo lo de la agenda progresista tiene una carga ideológica e idealista que apunta textualmente a “Una Política de hábitat, Vivienda y Servicios Públicos como Derechos” pero que no está referenciado en metas concretas para la reducción de los déficit cualitativo y cuantitativo, indicadores y las fuentes de financiación para llevarlo a cabo, indispensables para su medición.
Los esquemas asociativos de las comunidades para la construcción de vivienda tendrán prevalencia, práctica que ya existió con relativo éxito a inicios de los años 90´s con las organizaciones populares de vivienda (OPV) que luego lamentablemente fueron permeadas por carteles de invasores, que las desnaturalizaron, así como la implementación masiva de mejoramiento de vivienda, construcción en sitio propio y mejoramiento integral de barrios, que si bien es cierto buscan el bienestar y el rédito social, no impactan de manera contundente y positivamente la economía y el empleo como la construcción de vivienda nueva a gran escala. Es por ello que para el sector constructor formal y para quienes tenemos relación intrínseca con el desarrollo de proyectos de vivienda, es vital que el nuevo gobierno dé señales claras que ayuden a tranquilizar al mercado inmobiliario y a los potenciales clientes sobre la continuidad de programas efectivos como Mi Casa Ya, sin que esto signifique desatender las otras modalidades, ya que actualmente hay muchos subsidios y créditos por desembolsar que dependen de este programa.
Hay mucho en juego. Hay muchos sueños de vivienda que pueden convertirse en una pesadilla
Por Claudia Nuñez Padilla.