Se ha colgado en la web por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, un proyecto de resolución que podría causar grave impacto en la tarifa de gas que se cobra a los usuarios en la Costa Caribe. El gas, clave en la transición energética, es para los hogares costeños un alivio y un insumo fundamental en la alimentación, la industria y el transporte en nuestra región. Los yacimientos localizados en la región deben servir prioritariamente a la región. fundamental en la alimentación, la industria y el transporte en nuestra región. Los yacimientos localizados en la región deben servir prioritariamente a la región.
La resolución de marras pretende una unificación de tarifas a nivel nacional, independientemente de la distancia entre el punto de despacho y de distribución. De modo que donde es más barato el costo del transporte -en la Costa Caribe- termine subsidiando la tarifa del interior.
Así, basado en un análisis, propone dicha integración de tarifas, pasando de tarifas por distancia entre los campos de producción y el punto de consumo, a una tarifa única nacional que no se predica ni se aplica para ser justos -especialmente en esta tormentosa época de inflación- con los recibos de la energía eléctrica, más barata en el interior.
Según la propuesta, la tarifa promedio de la costa Caribe pasaría de US 1.18/kpc -mil pies cúbicos- a US 2.09/ kpc, lo mismo que un incremento del 77 %.
Mientras que las tarifas del interior pasarían de un promedio de US 2,70/ kpc a los mismos US 2.09/kpc, lo que representa una reducción de casi una cuarta parte. La propuesta no analiza impactos en la demanda, la capacidad de pago, los incrementos en subsidios y lo que esto significa para el bolsillo del gobierno y de los propios usuarios.
Mayores precios de gas para la industria podría significar cierres o pérdidas de competitividad o de las fabricas, cuando se requiere una mayor relocalización hacia la Costa para aprovechar la condición geográfica y aprovechar el nearshoring: la posibilidad, después de la pandemia y la guerra en Ucrania, por la crisis de los suministros, de ubicar la producción cerca a los grandes mercados de los Estados Unidos. Esa determinación agravaría el desempleo y haría crecer de brechas socioeconómicas e impactos en la calidad de vida de los costeños.
El estudio no considera los cambios regulatorios que requiere la estampilla o unificación tarifaria. La regulación vigente no está diseñada para integrar la infraestructura de transporte en su totalidad. Un usuario de La Guajira, digamos de Riohacha o norte del Cesar cuyo gas provenga de los campos costa afuera de Ballena o Chuchupa, tendría un incremento de hasta 4 veces, en el componente de su costo de transporte, para pagar por las distancias entre los campos y el interior.
No es época para andar jugando con las tarifas de los servicios públicos, agitada por el inquietante y justo reclamo del pueblo. Mas aún se afectaría la tarifa de energía pues buena parte de las térmicas de la Costa funcionan a gas -salvo las de Gecelca que son de carbón-. Y advertimos, transportes, como el del SIVA en Valledupar, funcionan en buses alimentados por gas, y es un elemento crucial para el costo del pasaje.
Los usuarios estratos 1 y 2 de gas representan 4 de 5 hogares costeños, el interior del país tiene un porcentaje de este tipo de usuarios mucho menor. Con esta propuesta, de abrirse paso sin que el gobierno, los congresistas y los líderes sociales y gremiales se percaten, empobrecerá mas a los más pobres.