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Ruta del Sol 3: obras ya y no el dilatado afán justiciero

Una cruz sobre el territorio del Cesar representan las rutas del Sol 2 y 3 por su forma sobre la alargada geografía departamental y la exhibición del sacrificio, hasta esperar que resucite.

EL PILÓN recorrió hace una semana el tramo de la Ruta del Sol 2 a lo largo del departamento desde San Roque al extremo Sur. Hasta Aguachica se ven labores de rocería y mantenimiento que corresponden a las obras contratadas por el Instituto Nacional de Vías- Invias, en contratos de obra pública, con cargo al presupuesto nacional, que mejorarán unos trayectos y hasta habilitar dobles calzadas que quedaron cerca de ponerse en servicio cuando Odebrecht la entregó. El próximo año, después de la estructuración, se contratará la nueva concesión por la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, que pasará el nivel de obra del 55 %, en que la dejará el Invias, a terminarla toda hasta Puerto Salgar.

En Ruta del Sol 3, de San Roque a Ciénaga y de Valledupar al Carmen de Bolívar, el gobierno Santos, por el incumplimiento del consorcio Yuma, inició el proceso de caducidad contractual. Ese consorcio de Conalvias, Grodco e Impregilo, sufrió el fin económico- operacional de las primeras, generando deudas a proveedores nacionales y de Bosconia. Finalmente Impregilo decidió reactivar las obras, mientras proseguía la caducidad y el consorcio reclamaba en tribunales. Evidentemente pretendía el gobierno que concesionario se pusiera al día en la obra, y usaba la caducidad como ‘espada de Damocles’, aunque llevaba envuelta la recóndita decisión de renunciar a la medida si se reanudaba cabalmente la operación.

El nuevo gobierno ofreció conciliar a cambio de que el contratista con vigor cumpliera. Se le liberaban unos fideicomisos, se ajustaban las condiciones de plazo e hitos técnicos. La italiana Impregilo aportaría 400 mil millones, cubriendo 128 mil a proveedores, bancos y completando calzadas, como en la vía Valledupar- Bosconia.

Una reciente demanda de Acción Popular pretende la nulidad de la concesión, pero no es fácil su declaración, dado los discutibles argumentos. Se censura que se cobren peajes en Aguas Blancas, cuando se sabe qué monto es de las cuentas del contrato y se aduce corrupción porque se sumó una obra adicional, otro puente en Plato, no previsto al inicio, el que se dio por tráfico de influencia que condujo a la condena penal de Roberto Prieto, un particular que había fungido como gerente de la campaña de Santos. En ningún momento, a diferencia de la Ruta del Sol 2, se ha probado que se dio el contrato principal de concesión fruto del soborno a un funcionario público.

Esperan Cesar, Magdalena y Bolívar que se concilie, avalado por los órganos de control como la Procuraduría, porque el afán justiciero que motiva a ciertos públicos indignados ofrece resultados inciertos de largo plazo, igual al indignante plazo de parálisis total de las obras.

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