No imaginé que la propuesta lanzada en mi pasada columna, la de fusionar los gremios agropecuarios de Colombia en una organización agraria, fuera a tener tanta aceptación entre los agricultores de hacha y machete, empresarios del agro, algunos dirigentes gremiales y congresistas. La mayoría coinciden en que es un debate oportuno y necesario.
Para ponerlos en contexto, en nuestro país existen alrededor de 24 gremios agropecuarios de los cuales el 99 % operan desde Bogotá, con algunas oficinas o comités regionales. Además tienen un gremio de gremios, que se llama ‘Sociedad Agrícola de Colombia’, SAC, que les ayuda a gestionar ante el Gobierno y el Congreso de la República algunos temas de interés colectivo.
Es decir, tienen 25 sedes y 25 nóminas, que podrían reducirse a una sola para ampliar su presencia en los 32 departamentos y en los 600 municipios rurales del país, con el fin de llevar a más productores del campo y jóvenes rurales acceso a nuevas tecnologías, capacitación, formación profesional y financiamiento para sus explotaciones agrarias. El impacto en la productividad, rentabilidad y competitividad de los agronegocios sería tremendo.
Otro aspecto a favor de esta iniciativa es la fusión de todos los Fondos Parafiscales en uno solo, que sea fondeado en un 50 % con aportes de los productores y un 50 % con aportes del Estado, con el objetivo de optimizar los recursos. Es decir, crear una sociedad mixta para fomentar y llevar al campo y a los jóvenes rurales más investigación, transferencia de conocimientos, tecnologías e instrumentos de financiamiento y coberturas de riesgos.
A parte de lo anterior está la “economía de escala” que se consigue teniendo un único gestor para los mismos propósitos de todos los gremios, lo cual se podría gestionar fácilmente con el 5 % del total de los recursos. Con un presupuesto de 1.2 billones de pesos anuales es mucho lo que se puede lograr en favor del campo en poco tiempo con esta nueva organización del recaudo y operación de los recursos parafiscales.
Se preguntarán ustedes, ¿cuáles son las ventajas para el Estado y los productores? Pues, el Gobierno se coloca en una posición muy favorable para establecer “a priori” el presupuesto necesario para ayudar al desarrollo de su política de distribuir ayudas para hacer frente a la ineficiencia y falta de productividad del sector agropecuario. Por su parte el agricultor recibe asistencia técnica y transferencia de tecnología oportuna, mejora su productividad y solvencia. Ya no depende de un “favor” que le puede conceder el poder político regional a cambio de unos votos.
Un tercer aspecto importante es la sustitución de entidades o programas públicos que poco o nada aportan al desarrollo productivo agropecuario en las regiones y que han sido un fracaso total. Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umatas, es uno de los tantos ejemplos que podría citar.
Claramente, son ideas que los miembros del club capitalino “Bibliotecarios del agro” y del club de políticos que coadministran al sector agropecuario, no están dispuesto a evaluar porque ven en ellas unas amenazas a sus intereses políticos y económicos. Como me decía un patriarca empresario del agro: “Dr. Indalecio, no siga pidiendo lo imposible”.