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Revictimizados por regresar a sus predios

Los hermanos mostraron las lesiones de los que fueron víctimas y solicitaron por medio de documentos, la suspensión del Personero de El Copey. EL PILÓN/JOAQUÍN RAMÍREZ

Desesperados por lo que les podría pasar, llegaron hasta la instalación de EL PILÓN los hermanos Mario y Yerlin De La Hoz Ardila, quienes en días pasado fueron, según ellos, golpeados brutalmente por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el confuso desalojo llevado a cabo en predio de propiedad de sus padres, ubicado en el municipio de El Copey, Cesar.

Hace nueve años, la familia De la Hoz Ardila fue despojada de sus terrenos ubicados en la Parcela 21, en la vereda San Miguel, jurisdicción del corregimiento de Caracolicito, de dicha población, sin embargo, al regresar y querer tomar de nuevo posesión de lo suyo, fueron sacados a la fuerza.
Al terreno, también conocido como La Esmeralda, llegaron en el 2005, hombres de un grupo al margen de la ley y tomaron el sitio como base paramilitar.
“A la familia le tocó vivir con esa base, ver lo que hacían, sus masacres y uno por conservar el bien, y al no tener cuenta con nadie (esconder), de los 21 parceleros de la vereda San Miguel los únicos que quedamos fuimos nosotros y nos tildaban de paramilitares. Pero el 6 de agosto de 2005, un grupo nos citó a un campamento y nos dijo que teníamos dos horas para irnos de allí y de no hacerlo ya sabíamos a qué atenernos”, confesó Yerlin.

El 31 de diciembre de 2014, la familia se enteró que la parcela había sido abandonada. Hicieron previa verificación y a las 4:00 de la tarde entraron a poseer el predio. Horas después, según los denunciante, llegaron hasta el sitio la inspectora central de Policía, Carol Gamarra Blanco, y el Comandante de la Policía, Fredys Solano, y uniformados del Ejército, argumentando que ellos habían invadido el predio y sacado de manera violenta al señor Roberto Mira Marulanda, quien tenía el predio por ser un supuesto despojador en El Copey, al tener problemas con otros predios.

Pese a que el Incora, mediante resolución 437 del 8 de junio de 1995, le adjudicó el predio a Ramón Antonio De la Hoz Serrano y María de Los Ángeles Ardila Alcázar, adjudicado ante instrumentos públicos, hace algunos días llegaron los funcionarios a realizar el desalojo de la familia De la Hoz Ardila, proceso que perduró tres horas, tiempo que significó un caos para la familia al ser, supuestamente, atacados por las uniformados del Esmad y la Policía.

“Los del Esmad atacaron la casa, hicieron un hueco en la puerta, empezaron a tirar granadas de humo que causaron impacto en un cilindro de gas provocando un incendio y lesionándonos. Destrozaron las puertas de la vivienda con hacha y tubos de hierro, no les importó que estuvieran niños, adultos mayores y una joven en estado de embarazo”, especificó el abogado.

Lo que no entiende la familia es qué pasó, si los documentos de ley los hacen propietarios del terreno, tal como lo indica el certificado de libertad y tradición que está activo, con medida cautelar. El documento dice: Provisión de enajenar derechos inscritos en predio declarado en abandono por causa de la violencia. También tiene una medida de la Unidad de Restitución de Tierras.

Yerlin denunció ante la Fiscalía, entidad que no ha sido diligente con el proceso que lleva más de nueve años. Presentamos una demanda civil reivindicatoria en contra del señor Roberto Mira Marulanda, quien tenía el bien.

Durante 24 horas, miembros de esta familia, heridos por el ultraje, fueron retenidas en los calabozos de la Policía del municipio de El Copey.
Yerlin argumentó que, como abogado, con un documento logró demostrar a través de un derecho de petición Incoder respondió que fue adjudicada mediante resolución 437 del 8 de junio de 2015, que la parcela es explotada por la señora Blanca Elibeth Molina Ramírez compañera sentimental de Roberto Mira Marulanda, quien manifestó haber adquirido la parcela por compra de mejoras al señor Mira.

“Con este documento demostré, dentro del amparo policivo, que el señor Mira Marulanda, no ha tenido posesión del predio y debió conceder lo establecido porque el predio estaba abandonado. El Alcalde, la Inspectora y el Personero inobservaron las pruebas que presenté, con fotografías, las desconocieron para proteger al señor Mira Marulanda, por un supuesto apoyo político, violando los derechos fundamentales de una familia”, dijo De la Hoz.

Por Merlin Duarte García/El Pilón
merlin.duarte@elpilon.com.co

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