Está cerca la aprobación y unión de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para convocar a una nueva minga en Valledupar. Tal como ocurrió hace un año, al no resolverse sus problemas ni ser escuchados por el Gobierno Nacional en espacios de concertación.
El inconformismo, según Iván Lúquez Mindiola, integrante del Resguardo Indígena Kankuamo, surge “a raíz de las posturas del gobernador Francisco Ovalle en contra de los reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas del Cesar, específicamente cuando se opuso a la expedición del decreto de línea negra”.
Además, destaca el también exconcejal de Valledupar, “el desconocimiento de los acuerdos y compromisos de la minga, el incumplimiento al Plan de Desarrollo en lo atinente al capítulo indígena, en la posición que ha asumido al diálogo y a la concertación con las autoridades indígenas cuando no ha convocado a la mesa de sesión departamental indígena, que entre otra cosas es un decreto de obligatorio cumplimiento”.
Son pueblos como los arhuacos, kankuamos y koguis, que analizan el llamado a congregarse nuevamente en la capital del Cesar. A pesar de que el año anterior, luego de una parálisis durante varios días, acordaron puntos específicos con el Gobierno Nacional y departamental.
“Esos hechos hay que mirarlos de manera integral y no aislada, nos muestra una cara de parte del gobernador contraria a nuestro pensamiento, por eso decimos que le ha dado la espalda a los pueblos indígenas, así se intente maquillar de sus funcionarios pero la realidad es que hay un inconformismo desde las autoridades y por eso se contempla la posibilidad de la minga”, recalcó Lúquez Mindiola.
Actualmente es solo un punto sobre la mesa porque finalmente será una decisión colectiva de cada pueblo indígena y sus autoridades, que tiene la última palabra de irse o no a minga.
El secretario de Infraestructura departamental, Federico Martínez Daza, declaró que la Gobernación del Cesar adjudicó la construcción de tres kilómetros en placa huella entre los corregimientos de Atánquez, Guatapurí y Chemesquemena, norte de Valledupar. El proyecto fue entregado al Consorcio Placa Huella Cesar, que en un término de seis meses luego de que se formalice el contrato lo ejecutará con inversión de $3.660.850.864, recursos aprobados en el OCAD Regional. Este fue uno de los acuerdos con las comunidades indígenas durante la minga de 2017, que contempló otros acuerdos como reconocer la gratuidad educativa a todos los niños indígenas que se encontraban en la modalidad de contratación.
De igual manera se acordó mejorar la situación financiera la EPSI Cauca, gestionando el pago de deudas y aumentando la Unidad de Pago por Capitación al 12 %.
Retiro de proyecto
Los senadores Feliciano Valencia y Criselda Lobo, así como el representante a la Cámara, Abel David Jaramillo Largo, solicitaron a los autores del Proyecto de Ley 134 de 2018 “por medio del cual se regula el derecho fundamental a la Consulta Previa y se dictan otras disposiciones”, retirarlo del Congreso de la República.
“Basamos nuestra solicitud en el hecho de que este proyecto no ha sido consultado con los pueblos indígenas como tampoco con las comunidades negras, raizales, palenqueras y room”, indicó el Congreso Regional Indígena del Cauca.
También se elevaron solicitudes a la mesa directiva del Senado, donde se radicó la iniciativa, y al Ministerio del Interior para que, como entidades conocedoras de los procedimientos, informen sobre el trámite legislativo de este proyecto de ley.
Finalmente, los congresistas instaron a la Mesa Directiva de la Comisión Primera del Senado que se abstenga temporalmente de continuar el trámite legislativo de este proyecto de ley, hasta tanto se garantice el derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado.