La comunidad Ikarwa, asentada en el valle de Besotes, jurisdicción de Valledupar, en representación del cabildo Adalberto Torres, como agente oficioso de los cuatro pueblos indígenas de Gonawindua, interpusieron una acción popular contra el Departamento Nacional de Planeación, DNP, por los millonarios recursos que ha destinado en el proyecto “Estudios y Diseños Embalse Multipropósito Los Besotes”.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Cesar, bajo la custodia de la magistrada Doris Pinzón, encargada de dar respuesta a la solicitud de los pueblos indígenas que reclaman las garantías de los derechos fundamentales como el goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
Desde el Departamento Nacional de Planeación han destinado un total de $8.422.351.142 para el perfilamiento y la estructuración integral del proyecto Los Besotes, financiado con recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación del DNP, de los cuales, ENTerritorio como contratista estructurador ha destinado a la fecha $3.931.136.350.64 para el pago del informe integral de prefactibilidad, donde se incluyen los aspectos técnicos, prediales, ambientales, sociales y financieros de esta etapa.
“Que se haya iniciado un proceso de elaboración de estudios y diseños de un embalse multipropósito en territorio protegido, sin consultar las comunidades y sus autoridades espirituales y políticas, es una falencia en el procedimiento administrativo del Departamento Nacional de Planeación, toda vez que perturba la Red de Sitios Sagrados (nujwákala – ka’dukwu – ezwama) contemplados unos en la “Línea Negra” y los otros dentro de la comunidad (Que está en el área de inundación) y los demás sitios sobre toda la Cuenca y en general en la totalidad de la Sierra, ya que todos están conectados entre todos, generando una afectación directa, en las comunidades que dependemos espiritualmente del equilibrio de estos sitios”, se lee en la demanda.
Así las cosas, el director colectivo de abogados Guacamaya Dumeka, Juan Ceballos, explicó que lo anterior corresponde a una inversión riesgosa de los gastos públicos por no cumplir con el proceso de consulta previa de los pueblos indígenas.
“La comunidad ni las autoridades políticas han permitido el ingreso para realizar estos estudios, sin embargo, este contrato debe cumplirse en septiembre de este año para entregar la información y seguir con el procedimiento”, dijo Ceballos.
Asimismo, la demanda busca la protección ambiental y ecológica de siete sitios sagrados en ka’dukwu, en área de inundación y que son lugares de pagamento para la unidad de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada al interior de la comunidad de Ikarwa.
“Es impensable, por lo tanto, si solo en el diseño del proyecto, se causan afectaciones por la especulación de la realización, contemplar la construcción y operación del proyecto, donde no solo serán inundados estos sitios, sino parte de la comunidad”, señaló el documento.
¿QUÉ PIDEN?
Ante esta situación, los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Gonawindúa: Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo, pertenecientes a la cuenca del río Guatapurí y demás jurisdicción de la ‘Línea Negra’, piden que el Tribunal Administrativo del Cesar ordene al Departamento Administrativo de Planeación, que proceda a la suspensión del contrato y también que se declare al río Guatapurí como sujeto de derecho.
“Que proceda a la suspensión del contrato que tiene por objeto: Realizar la estructuración integral del proyecto denominado Embalse Multipropósito Los Besotes, ubicado en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, en las etapas de prefactibilidad y factibilidad, como iniciativa de desarrollo territorial y en consideración al requerimiento efectuado por parte de la Gobernación del Cesar, por no contar con las autorizaciones necesarias de los pueblos nativos originarios de este territorio, para levantar la información necesaria en el proceso contractual y así, proceda el honorable Tribunal Administrativo del Cesar a declarar el río Guatapurí como sujeto de derecho”, añadió la demanda.
En la acción popular, la comunidad Ikarwa argumentó que las afectaciones ambientales hacen improcedente el proyecto, desde su estructuración, hasta su ejecución, toda vez que seca el río con el desangramiento de su afluente y generando una reacción de degradación en cadena, de toda su estructura biótica.
Entre otras aristas de la demanda señala que en el proyecto, en etapa constructiva, tiene proyectada la inversión de 150 millones de dólares en un área de inundación del valle de Besotes de 169 hectáreas, 50 metros de altura y 1.560 metros de largo.
“En caso de continuar la realización del proyecto en esta etapa de estudios y estructuración, sin consulta previa, se pone en riesgo la pervivencia física y cultural, a la autodeterminación, al autogobierno, a la soberanía alimentaria, al conocimiento tradicional, a la justicia propia y al territorio, desconociendo el principio de precaución y proporcionalidad, atentando así a nuestro derecho de integridad cultural, social y económica”, reza el texto de la demanda.
KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN
@karenperezcol