La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, fue sancionada con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años por irregularidades en un contrato dirigido al sector educativo del vecino departamento.
La decisión la emitió la Procuraduría General de la Nación en primera instancia tras evidenciar que Pinto suscribió un contrato el 8 de marzo de 2016 con la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (FUNTICS), vulnerando los principios de transparencia.
Este aparentemente se suscribió tras presentarse un solo proponente en la licitación debido a que el ente territorial habría puesto unos requisitos, al parecer, innecesarios. Su valor era de $20.453.932.366 y tenía como objetivo la implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo en el departamento de La Guajira.
“No existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”, indicó el órgano de control.
En consecuencia, la conducta de la exgobernadora fue calificada como falta disciplinaria gravísima a título de culpa gravísima.
En el proceso disciplinario también estuvo la exsecretaria de Educación, Bely Gnecco; el exdirector Operativo, Gilbert José Meza Cerchar, y el profesional universitario de la administración departamental para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, quienes fueron sancionados con una destitución e inhabilidad general por el término de nueve años.