Este jueves, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que solicitó al presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Juan Carlos Muñiz Pacheco, funcionarios del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías (Invías), información sobre el avance de la construcción de la segunda calzada Valledupar – La Paz.
“Debido a las múltiples quejas y denuncias de los veedores de la obra, que aseguran que al parecer, no cumple con la seguridad vial correspondiente para la integridad de los ciudadanos; la autoridad disciplinaria pidió a los funcionarios copia del expediente contractual”, se lee en el documento que cuestiona a las entidades encargadas del proyecto que está siendo ejecutado por la unión temporal Vial VLP por más de $62.000 millones.
La veeduría ciudadana del proyecto, en cabeza del abogado Evelio Daza Daza, ha manifestado que el separador central, diseñado para 2 metros, se reduce considerablemente en varios tramos, con el riesgo de que los carros puedan caer en la calzada contraria.
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“Prácticamente la calzada que viene de Valledupar se pega con la que viene de La Paz…, realmente no hay separador y nosotros hemos venido insistiendo, desde la primera calzada, en que por lo menos el separador central tenga 5 metros por la altísima frecuencia vehicular”, sostiene el presidente de la organización civil.
En ese sentido, el ente de control indicó que “en busca de defender el orden jurídico, el patrimonio público y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, el ente de control” también requirió al directivo que informe la publicación en los sistemas electrónicos de las compras públicas realizadas y cuáles han sido las respuestas de los servidores a la veeduría ciudadana con el objeto del correcto funcionamiento del proyecto contratado.
Antecedente
Hay que recordar que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Valledupar admitió la tutela presentada por el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, en contra de Findeter, Invías, la Gobernación del Cesar, los municipios de Valledupar y La Paz, el Ministerio de Transporte, la Fiduciaria Corficolombiana, el contratista y la Superintendencia de Transporte, por la presunta vulneración de varios derechos fundamentales.
Al respecto, Findeter respondió a la agencia judicial que los diseños del proyecto le fueron entregados por el mismo Invías “y estos cumplen con la normatividad nacional vigente y con las aprobaciones necesarias”.
Por Redacción EL PILÓN.