Este viernes, durante una rueda de prensa entre la Fiscalía, Contraloría y la Procuraduría General de la Nación, esta entidad anunció la apertura de una investigación preliminar contra el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández, para suscribir 37 contratos por más de $14.065 millones.
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La contratación fue hecha para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
El procurador Fernando Carillo señaló que el caso del departamento del Cesar es “bastante complejo”, debido a que son más de 40 contratos donde intervienen alrededor de 40 fundaciones “con un objeto distinto del que les permitiría cumplir con el objeto de la ayuda que se está entregando”. “Hubo falta de vigilancia en esa delegación”, concluyó Carrillo.
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Este proceso tiene origen en el expediente que se abrió por presuntas irregularidades y malos manejos en la contratación y uso de recursos destinados por la Gobernación del Cesar para atender necesidades de la población. En este caso se están revisando 37 contratos y dos adiciones.
Además, señaló la apertura de la investigación preliminar contra los diputados Raúl Romero Rodríguez y Petra Romero por supuesta participación en política en la entrega de las ayudas alimenticias en el departamento. Según la entidad, utilizaron ayudas del Estado para “hacer política”, lo que habría incurrido en una posible extralimitación de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena.
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Según la Procuraduría, actualmente se adelantan 24 procesos disciplinarios contra 14 gobernaciones, 70 en 55 municipios y 24 en entidades del orden nacional y territorial.
“Hemos vivido una avalancha de corrupción por cuenta de la mala utilización de los recursos en términos de lo que es combatir y mitigar el virus que afecta a todo el mundo y particularmente a Colombia”, dijo el procurador Fernando Carrillo.