La crisis que devora a la rama jurisdiccional del poder público en Colombia no acabará si no se aprovecha esta oportunidad para diseñar una reforma efectiva que permita rescatarla de esos niveles de desprestigio a la que la han llevado. No es la renuncia del doctor Pretelt la solución a los males de la justicia, como dijo el Magistrado, deben renunciar todos los miembros del alto tribunal constitucional; sería lamentable que renunciara el magistrado cordobés y se quedaran los demás en especial González Cuervo posando como si le hicieran un favor al país.
Se ha tomado al doctor Pretelt como chivo expiatorio de una degradación progresiva, que se origina por los pocos controles que tienen los jueces en Colombia y porque son los principales opositores a un verdadero cambio en la estructura funcional de la rama judicial. La descarga contra el magistrado Pretelt es exagerada, revelar sus cuotas y sus influencias es más que un morbo noticioso que un propósito por descubrir los vicios en las cortes; deberían revelarse las declaraciones de renta y cuotas burocráticas de todos los magistrados de todas las Cortes y tribunales del país, esto nos daría una visión de una crisis institucional que va más allá del doctor Pretelt.
El ego institucional hizo mucho daño, ejemplo de ello está en la Corte Suprema de Justicia al negarse aceptar sentencias de Tutela contra sus propias sentencias, conllevando esto a que el Consejo superior de la Judicatura asumiera competencias para tramitarlas, precisamente el tribunal con más espíritu político que judicial, corporación que ha proferido los pronunciamientos más vergonzosos en defensa de derechos fundamentales; por eso se debe empezar por despojar al Consejo Superior de la Judicatura y sus seccionales de la facultad de conocer Acciones de Tutela.
Por otra parte urge incorporar un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que recaiga sobre la persona que llegue a ser Juez en Colombia, desde magistrados de altas cortes, pasando por magistrados de tribunales, hasta llegar a juez promiscuo municipal; para evitar ese tráfico de influencias que le reprochan a los miembros de la rama legislativa y ejecutiva, pero que también lesionó a la rama judicial, para que no se nombre personas cercanas a los jueces por vínculos de consanguinidad, afinidad o civil; ni al interior de los despacho judiciales ni tampoco en otras instituciones como pago del yo te elijo y tú me eliges como ocurre en la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría.
Hoy todos quieren crucificar al doctor Pretelt, pero el mal no está en la sabanas, recordemos al Fiscal General como asesor de Saludcoop y al ser descubierto por la excontralora Morelli se aferró aún más a su cargo en lugar de despejar las dudas que recaían sobre él, pero en lugar de dar un paso al lado allí está, pero también está Saludcoop y no tenemos mayor noticia del señor Palacino y el sistema de salud continúa como una antesala de sufrimiento y muerte de los colombianos.
Lastimosamente el último intento por sanear nuestro mundo judicial no llegó a concretarse por la infinidad de temas que trataron de regular, unos innecesarios y otros que no tenían relación directa con el objeto de la reforma misma; una reforma debe comprender puntos esenciales que permitan recomponer la administración de justicia y no una mezcla de normas que oculten beneficios laborales y pensionales a los magistrados, lo que los hace responsables de usar tan alta dignidad en perjuicio de tan alto valor: Justicia.