El problema del comercio legal de gasolina en Valledupar y el Cesar sigue latente y con indicios de agravarse, en la medida en que se aumenta el diferencial de precios entre el costo de los combustibles en las estaciones legales de servicio y el precio de los mismos en el comercio ilegal, por el contrabando procedente de Venezuela.
En efecto, a raíz del aumento en el precio de los combustibles decretado a partir del 1º de marzo, en respuesta al aumento de los precios del petróleo como consecuencia de la crisis del Medio Oriente, el diferencial entre el valor de los combustibles legales y los que proceden de contrabando, incentivan aún más la compra de estos últimos.
Adicionalmente, según han denunciado los distribuidores, se han incrementado las rutas y los centros de acopio de la gasolina de contrabando, ante la falta de controles efectivos por parte de las autoridades civiles y de policía.
La experiencia ha demostrado que las medidas de represión son poco efectivas para afrontar un problema como el del contrabando. Y en una región con tan alto desempleo y pocas oportunidades de ingresos legales, es mucha la gente que acude a una actividad ilegal para sobrevivir, a riesgo de su propia vida transportando y comercializando el combustible procedente del vecino país.
Con mucha razón, los distribuidores han salido a protestar, por las pérdidas que le genera el contrabando, que es una competencia desleal que afecta su margen de rentabilidad, ya que ellos si tienen que asumir unos costos fijos, independientemente del volumen que vendan.
La administración municipal ha estado presta a escucharlos, consciente de la magnitud del problema. Recordemos que durante varios días, en diciembre, Valledupar sufrió serios traumatismos en la distribución de gasolina, cuando por el invierno se frenó el contrabando.
Al tema del contrabando de gasolina y la competencia desleal es necesario prestarle una mayor atención, por parte de los gobiernos territoriales, pero también los congresistas deben llevar el problema a Bogotá.
El Ministerio de Minas y Energía debe liderar con la DIAN y la Policía Nacional una estrategia de control sobre este complejo problema que debería tener un manejo especial, por tratarse de una región de frontera y teniendo en cuenta las implicaciones sociales que el mismo ha tenido. Es una lástima que el Ministro de Minas, Carlos Rodado Noriega, no haya asistido al Foro sobre el Plan de Desarrollo, para que hubiera conocido el problema de primera mano y recibiera más elementos de juicio para revisar la política de fijación de precios de los combustibles, como también el tema del futuro de las regalías del carbón; pero este es harina de otro costal.
Valledupar y el Cesar ameritan un tratamiento especial en materia de distribución de combustibles; con unas tarifas menores a las del promedio del resto de la Nación o mediante el uso de cupos especiales, como los establecidos en la Guajira o en los santanderes. No se justifica la discriminación que hoy vive el Cesar en esta materia.
Esperemos que de las próximas reuniones entre comerciantes y autoridades salgan unas soluciones concretas, a este problema que amenaza el adecuado y oportuno abastecimiento de gasolina en Valledupar y buena parte del Cesar.