Por: José Félix Lafaurie Rivera
Son pocos los que entienden los procesos políticos que se libran para consolidar un plan de desarrollo. Más que una carta de navegación, su concertación nos demuestra que se arman como colchas de retazos, que reivindican una que otra acción asistencialista y presupuestos que benefician, mayoritariamente, a un sector: al industrial o al urbano.
Y eso está pasando, una vez más, con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que no se compadece con la realidad del campo colombiano. Pero, más grave aún es que se propone una reforma tributaria que frena su desarrollo. El sector ganadero no se siente representado, ni incluido en esta visión de “prosperidad para todos”.
Aunque la actividad agropecuaria es considerada como una de las grandes locomotoras, en la lectura del articulado del Plan, no se aprecia la configuración de una política pública –con instrumentos, acciones e institucionalidad–, para habilitar su salto cualitativo o para corregir las ancestrales asimetrías y abandonos estatales que ha padecido. Apenas se advierten, a lo sumo en 10 de los 225 artículos, algunas intenciones diseñadas específicamente para el sector primario. Así no es posible sentirnos reflejados en este articulado y mucho menos en su Plan Plurianual de Inversiones.
Tampoco es posible correlacionar estas intenciones con las latentes dificultades del sector –que se incrementaron exponencialmente con la ola invernal– o con el entorno socio-económico mundial de crisis agroalimentaria, altos precios de los commodities o crecientes riesgos climáticos –como lo recordó el ex vicepresidente Al Gore–. No hay elementos de política explícita para corregir en la ruralidad el analfabetismo, la pobreza y los déficits habitacionales y de servicios públicos básicos o para aliviar los problemas que afrontan campesinos y empresarios para producir y comercializar los bienes.
Los ganaderos hicimos, desde hace más de seis años, el único esfuerzo gremial para desarrollar una mirada prospectiva al año 2019 sobre nuestra actividad, pero ninguno de estos elementos de política, ni de aquellos en los que pudimos avanzar –al menos en el ámbito legal– están contemplados puntualmente.
Están ausentes nuestras reiteradas demandas en materia de vigilancia y control epidemiológico y sanitario, en infraestructura vial y acceso a crédito o para concatenar la prosperidad minero-energética con el desarrollo del campo colombiano, para poner a producir el suelo mientras se explota el subsuelo.
A la locomotora del sector agropecuario le va a pasar lo mismo que a las tracto-mulas cuando se varan en la mitad de una carretera: la musculatura de unos ayudantes puede tratar de activar su movimiento pero, a la postre, no serán capaces de encender la máquina y no porque ésta no tenga la fuerza suficiente, sino porque no tiene los insumos básicos para su funcionamiento. Esta locomotora aún está bajo el agua, y la ayuda y la institucionalidad patinan en la urgencia y magnitud de las obras que se requieren para dar “soluciones definitivas”, como lo anunció el Presidente Santos.
Qué bueno que en la discusión en el Congreso los gremios tengamos alguna posibilidad para decirle al país, que – bajo estos presupuestos- los informes que proclaman la prosperidad para reducir la pobreza o el desempleo a partir de la locomotora del sector agropecuario, no van a ser una realidad. No se sienten opciones que claramente impulsen y aceiten esta máquina. La supuesta transversalidad de las políticas contenidas en el plan, está concebida, como siempre, con un sesgo pro urbano, que en nada enriquece el progreso y el desarrollo del sector rural.