Esta iniciativa forma parte del Procedimiento Legislativo Especial y consiste en dar garantías de no repetición y contribuir a asegurar el monopolio de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado.
Este acto legislativo también prohíbe la creación, promoción, organización y financiación, entre otros, de grupos civiles armados organizados ilegales como paramilitares, autodefensas o grupos de seguridad ilegales.
Sobre esta reforma constitucional, el ministro del Interior, Guillermo Rivera afirmó que “es parte del desarrollo del Acuerdo de Paz” que habla de un Pacto Político Nacional que consiste en poner en marcha “la prohibición de financiación, creación y estructuración, entre otras, de estructuras armadas ilegales”.