Parece que se busca un trasmallo de huecos o espacios muy diminutos para lanzarlo al río Cesar y pescar así sea peces muy pequeños o alevines a sabiendas que en esas aguas especialmente, del puente Salguero para abajo, no hay vida ictiológica, por lo menos así lo determinó un estudio que en su momento realizó la Universidad del Atlántico, hace más o menos 10 años.
Después de la anterior introducción, vamos al grano, resulta que la autoridad ambiental pretende a través de su Consejo Directivo, veo yo, sin ninguna duda, dar palos de ciego, autorizando a la directora General encargada de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, para que pignore como garantía las rentas provenientes del recaudo del porcentaje ambiental o de la sobretasa ambiental hasta un 50 % del recaudo anual de esta renta y hasta el 80 % de la tasa retributiva con destino a la ejecución de un proyecto titulado “Implementación de acciones integrales para la recuperación ambiental del ecosistema natural río Cesar, como soporte estratégico para la reactivación económica y el desarrollo social, en jurisdicción del departamento del Cesar”.
De la anterior manera quedó inserto este proyecto en el artículo segundo del acuerdo 007 del 10 de agosto del presente año, emanado del Consejo Directivo de Corpocesar. Entre otras cosas, expresa el acuerdo citado que otorga dicha facultad teniendo en cuenta que el susodicho proyecto se encuentra inmerso dentro del Plan de Acción Institucional 2020-2023.
Para mayor constancia, en el componente de este Plan denominado Matriz de Fuentes y Usos, que viene siendo una especie de Plan Plurianual, no se mencionó bajo ninguna circunstancia endeudar a la Corporación, habida consideración en que su histórico desempeño era bajo, y claro, esto teniendo en cuenta que los resultados del índice de Evaluación de Desempeño Institucional que realiza todos los años Minambiente, para el 2020 presentó un bajo desempeño, razones por las cuales nunca se contempló un crédito para el cumplimiento de las metas del Plan de Acción.
En tal sentido, se establecieron montos para la ejecución de proyectos bajo un escenario financiero conservador (el Plan de Acción se aprobó el 22 de mayo de 2020).
Antes de finalizar abordan mi mente las siguientes preguntas: ¿Por cuántos años se van a pignorar los ingresos más representativos: sobretasa ambiental y tasa retributiva de la corporación (a 10-15 o 20 años)? ¿Cuáles son las actividades puntuales que se van a desarrollar? ¿Cuál es el avance del proyecto? ¿En cuánto tiempo se va a ejecutar, si una nueva PTAR vale más de 150 mil millones? ¿Por qué gastarse 65 mil millones en supuestas medidas que no resuelven el problema de la carga contaminante? ¿Por qué no se ha socializado el proyecto con los alcaldes y respectivos concejos como el de Valledupar, San Diego, La Paz, El Paso, Astrea, Chiriguaná y Chimichagua, lo mismo que con las comunidades afectadas, para escuchar si con estas intervenciones se resuelve la problemática de descontaminación del río Cesar?
¿Por qué la decisión más importante en materia financiera de la historia de la Corporación la debe tomar la directora encargada, siendo que antes de finalizar el presente año debería haber un director en propiedad? Para medio concluir, expresar que pueda ser, si es que este préstamo se llega a obtener, no tenga repercusiones en futuras campañas electorales.
Además, advertir que en otras ocasiones se han contratado acciones dizque para lograr soluciones a su protuberante contaminación, y todo ha sido infructuoso, como para emular a lo que dijo el entonces diputado de Antioquia: “Esto es como echarle perfume a un bollo”.
¿Será que a los $65 mil millones le harán adiciones? Ojo, que seremos acuciosos frente a las decisiones que se tomen del tema, para poder observar a quien corresponda sobre esta aguda pretensión y no pase desapercibida.