La situación del Hospital San Andrés de Chiriguaná no cambia. Hundido en una crisis financiera histórica, parece no tener retorno.
Las últimas malas administraciones comprobadas por la Contraloría dejaron al centro hospitalario con pasivos que superan los 24 mil millones de pesos y en riesgo de ser declarado insolvente.
La crisis ocasionó que en el 2016 el hospital San Andrés fuera categorizado en riesgo alto por el Ministerio de Salud y protección Social, concepto determinado por la Resolución 2184 de 2016.
Desde entonces, entes territoriales han presentado ideas que, o son rechazadas, como el Plan de Saneamiento presentado ante el ministerio de Hacienda, o no tienen los resultados esperados.
“Desde octubre de 2012, una seguidilla de gerencias sin consideración alguna lo utilizaron como la cuota de compromisos políticos pactados, y el desangre económico al que ha sido sometido no ha merecido una queja de los mandatarios departamentales a quienes corresponde la dirección y vigilancia”, dice un oficio presentado el 16 de octubre del 2018 por el personero de Chiriguaná, Pedro Peinado, ante el gobernador del Cesar. Por eso, en un nuevo comunicado el personero municipal volvió a insistir en una auditoría para encontrar “responsabilidades en este desastre”.
LAS QUEJAS Y DISPUTAS DEL PERSONERO
El funcionario ha sido protagonista por las denuncias y las querellas judiciales que lo enfrentaron con los últimos gerentes del hospital, especialmente con la actual, Luz Mery Contreras Pérez.
En medio de los pleitos, para julio del año pasado, Contreras fue suspendida como gerente del hospital durante tres meses por la Procuraduría Regional del Cesar, como resultado de un proceso disciplinario seguido en su contra a raíz de una queja presentada por el personero municipal, quien manifestó que en febrero de 2018 presentó un derecho de petición a la funcionaria, quien mediante un escrito realizó precisiones a la solicitud y pidió prorroga por 10 días para responder, pero no respondió la solicitud.
ENTREDICHA GESTIÓN DE LA GERENTE
Con la Resolución No 003927 de 2016, la Súper Intendencia Nacional de Salud estableció un plan de mejoramiento con medidas cautelares de vigilancia especial. El proceso de mejoramiento tiene como fecha límite el 19 de febrero del 2019, según el personero.
En la Resolución, la Superintendencia manifestaba, entonces, que “la entidad viene presentando pérdidas consecutivas del ejercicio, situación ocasionada por el bajo recaudo que tiene el hospital frente al aumento en los deudores y de las cuentas por pagar, razón que lo lleva a tener un desequilibrio dentro del sistema general de seguridad social en salud y la prestación de los servicios de salud”.
A continuación recomendaba “mejorar la gestión de recaudo para poder cumplir con sus obligaciones, toda vez que esto impacta en la crítica situación financiera, incrementándose en 2015 por la disminución del recaudo y desmejoramiento de la gestión, al pasar de un porcentaje de recaudado del 75% del año 2014 a 72% en el 2015”.
Según el personero, mientras el establecimiento de salud cuenta con una nómina de casi 240 millones de pesos, recauda menos de 120 millones de pesos.
Así, según el represente del Ministerio Público, la actual gestión no obtuvo los resultados esperados. “Es conocido que la gerente no dio respuesta satisfactoria al plan de mejoramiento de la Superintendencia”, dice el oficio del 9 de enero dirigido al gobernador, Francisco Ovalle para que revisara la gestión de la gerente.
En ese sentido, el personero pide una auditoría para determinar los responsables “del detrimento y las malas administraciones dentro del Hospital San Andrés de Chiriguaná”.
“El panorama del hospital es el de un establecimiento inviable. En el aspecto médico-científico no está prestando, ni siquiera de manera regular, los servicios de primer nivel, siendo un hospital de segundo nivel. En la parte administrativa y financiera, el hospital tiene 62 demandas laborales, sumado a los pasivos millonarios”, señaló Peinado.
DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN
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