Han iniciado los gobiernos municipal y departamental, respectivamente, los procesos de preparación de los planes de desarrollo económico y social, que serán la hoja de ruta de los dos entes territoriales en los próximos cuatro años.
Lo primero que hay que advertir sobre este tema es que los mandatarios locales y sus respectivos equipos tienen un tiempo relativamente corto para el diseño de estos instrumentos de la política económica y social. En menos de tres o cuatro meses deben planear y proyectar lo que realizarán en los próximos cuatro años, pero así es el esquema institucional colombiano.
En segundo término, es de resaltar la decisión de ambos gobiernos, y principalmente en el caso del Municipio, de realizar un amplio, profundo y sincero ejercicio con el fin de fomentar la participación ciudadana en la elaboración de los respectivos planes de desarrollo, por cuanto ese proceso tiene muchas implicaciones positivas, desde el punto de vista institucional y político, en el mejor sentido del término.
Consideramos de la mayor importancia el acompañamiento del experto en participación, Marcelo Caruso, y los planteamientos del mismo sobre la trascendencia de la participación social en la elaboración de las políticas públicas y en el fomento de una democracia real, desde el punto de vista político, económico e institucional, que vaya más allá de la simple participación en las elecciones cada cuatro años.
En ese orden de ideas, se requieren que los distintos gremios y organizaciones sociales, como también las distintas comunidades, en Valledupar y en los distintos municipios del Cesar, se preparen debidamente para el rol que tendrán que asumir en estos novedosos escenarios, con el fin aportar realmente en la construcción de los planes de desarrollo.
De alguna manera deben tener una participación con un origen y espíritu democrático. Además, tener en cuenta que no se trata de pedir por pedir, sino – por el contrario- contribuir en la planeación y priorización de la inversión de unos recursos escasos.
De allí que los proyectos, las obras y los programas presentados y escogidos sean los más urgentes para las comunidades, y también los que tengan una mayor rentabilidad desde el punto de vista social, local y regional.
El ejercicio de esa participación ciudadana, comunitaria y social, no se puede quedar en el proceso de la planeación. Sería conveniente, en nuestra opinión, que la mayoría de las personas y organizaciones que participen en esta etapa, intervengan también en las necesarias veedurías ciudadanas que se requieren para vigilar la buena gestión y ejecución de los recursos públicos, con el apoyo de organismos como la Contraloría Municipal y la Contraloría Departamental, y de organizaciones como el Comité de Seguimiento a la Inversión de las Regalías (Csir), entre otras.
La participación social se debe ver, también, con un criterio amplio, integral, de mediano y largo plazo, proyectando la inversión y el gasto de los recursos públicos en el interés general y pensando principalmente en los más necesitados. Esa participación, así lo comprueban distintos estudios internacionales, puede ayudar mucho en la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el uso y destinación de los recursos públicos; y en últimas en la construcción de sociedades más democráticas y progresistas.