La presunción de buena fe es sustantiva en los negocios, y ese principio guio a la ministra de Transporte cuando los bancos financiadores de la Ruta del Sol, de buena fe mientras un juez no determine lo contrario, propusieron conciliar sus acreencias.
Quién dijo miedo; los detractores de oficio del Gobierno, los que antier pedían la cabeza del minhacienda y ayer la del mindefensa, hoy piden exaltados la de la ministra.
¿Qué hizo la ministra Orozco? Lo que tenía que hacer: defender los intereses de la Nación, aunque las explicaciones no hayan sido suficientes y el tratamiento mediático malintencionado. Vale la pena, entonces, aclarar varios aspectos:
Primero: el Ministerio no buscó a los bancos; fueron estos los que presentaron una propuesta de conciliación.
Segundo: Cualquier cosa que se conciliara sería llevada al Tribunal de Arbitramento, pero no hubo conciliación alguna.
Tercero: Los bancos buscaban conciliar porque, al margen del proceso arbitral, la SIC –léase Pablo Felipe Robledo por directrices de Santos–, le ordenó a la ANI, en 2017, la liquidación del contrato.
Cuarto: Como hoy se conoce en las grabaciones, Santos pidió una “solución amigable…, la que habíamos hablado, donde participaban todos los socios del conglomerado…”; un verdadero “concierto para delinquir”, según el fallo del tribunal, que argumenta nulidad por ilicitud; concierto al que se sumarían las Superintendencias, la Defensa Judicial de la Nación y hasta el procurador, todos debidamente “alineados”.
Quinto: Robledo optó por la cancelación anticipada, pues la caducidad, con multas e inhabilidades, no se ajustaba a la directriz “amigable” del presidente.
Sexto: Dentro de la liquidación, la ANI ya había hecho pagos a los bancos por $1,4 billones. Luego la ministra no estaba haciendo nada nuevo ni ilegal, sino ajustado a la Ley 1882/18 y la sentencia de la Corte sobre su exequibilidad, que reafirmó los derechos de los terceros que, como en toda liquidación, registran debidamente sus acreencias.
Todo es un escándalo mediático para darle palo a la ministra porque hizo, como palo le habrían dado si hubiera dejado de hacer para buscar rebaja y el laudo hubiera sido adverso. Es la posición acomodaticia de quienes callaron frente a las maquinaciones de Santos para limpiar la corrupción ligada a la financiación de sus campañas; la ética selectiva de quienes no han dicho “ni mu” frente a las escandalosas conversaciones entre Santos y Andrade, ni ante la “ingeniosa” triangulación de CEMEX a través de los partidos de la mermelada.
Volvamos a la buena fe. Las consignas de no pagarles un peso a los bancos son populistas. Hay que hacerlo si la plata está metida en la obra, como ya se hizo en el pasado; no hay que hacerlo si un juez determina que unos bancos actuaron de mala fe; pero ni la ANI ni la ministra Orozco son ese juez.