En una audiencia pública realizada este viernes en Valledupar, autoridades de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, afirmaron que para este 20 de febrero está programada la firma del otrosí que habilitará la reactivación de las obras en la Ruta del Sol 3, trabajo que está paralizado desde el 2017.
Con un avance no superior al 32 %, las obras se reactivarían para ser concluidas en un plazo de 4,5 años según lo estipulado por las autoridades.
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“Teníamos 13 pasos en la reactivación, ya vamos por el paso 10 que es la audiencia pública en Valledupar y faltaría el concepto de la interventoría al otrosí, los comités de conciliación porque estamos haciendo una transacción y finalmente la autorización de la Superintendencia de Sociedades. Justo el día de ayer (6 de febrero) la Superintendencia avaló el primer documento del otrosí. Estamos en el análisis si el concepto emitido por la Superintendencia ya está cubriendo este ajuste que le estamos haciendo al otrosí”, señaló el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Carlos García.
La obra del tramo tres de la Ruta del Sol, que cruza tres departamentos, desde San Roque, Cesar, – la Ye de Ciénaga, Magdalena- El Carmen de Bolívar, Bolívar – Bosconia– Valledupar, fue adjudicada en el año 2010 a Yuma Concesionaria S.A., por un valor de $2,1 billones. Sin embargo, con el escándalo de Odebrecth en el 2017, firmas del consorcio abandonaron la obra.
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Desde entonces se abrieron dos puertas para el contrato: la caducidad o el otrosí. Este viernes en la audiencia la ANI expuso las que serían las consecuencias de cada uno de los caminos. El primero es de la caducidad, que hasta el momento se ha evitado por las consecuencias de tiempo y económicas.
Según las autoridades caducar el contrato significaría que la obra tomaría diez años entre la reestructuración y el reinicio, además no se anularían las demandas del concesionario en contra de la Nación y con la caducidad saldría otra demanda. Además habría que cancelar al contratista lo avanzado en el proyecto, que según primeros cálculos, el pago sería por $420.000 millones.
En el otro lado de la mesa está el otrosí, la decisión por la que se han inclinado tanto las autoridades públicas como los contratistas. Según explicaron desde la ANI, con el otrosí la concesionaria Yuma se obliga a tener un contrato de crédito de $400.000 millones que permitan la conclusión de las obras, asumir los costos de la interventoría, el levantamiento de las medidas cautelares que le permitan a la ANI continuar con los sancionatorios en caso de futuros incumplimientos.
“Toda esta situación nos llevaría a tener una obra que podría costar 12 billones pesos en caso de perder los tribunales o casi $10 billones en el caso que los tribunales sean ganados por la nación”, expuso el vicepresidente.
“ESTÁN QUEBRADOS”
Pero el punto más clave del otrosí es el pago a los acreedores. Según José Luis Urón, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, los empresarios fueron los más afectados por la inestabilidad financiera del proyecto.
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“¿Cómo se garantiza el pago de los intereses a los acreedores que están embargados, que han tenido que vender sus bienes y que hoy no son sujetos de créditos del sector financiero? Eso hay que revisarlo. Lo otro es que por ningún motivo se avance en la caducidad del proyecto porque esto significa castrarle la posibilidad a la Costa Caribe de tener vías para la competitividad por diez años y con los mismos riesgos”, señaló Urón.
Para eso, en el documento del otrosí se decidió que los rendimientos financieros a los que tiene derecho la Concesionaria los manejara la ANI como garantía al pago de la deuda. Según el último cálculo hay registro de 257 acreedores con una deuda total de $128.000 millones.
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Para el pago se estableció una fórmula: pago del 100 % a las acreencias que no superaban los $500 o $600 millones, es decir el 75 % de las firmas acreedoras. Mientras que a los acreedores con cifras superiores se les pagaría por cuotas.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio señaló que se debería seguir contratando con los primeros empresarios. “Que no vayan a sacar del mercado a quienes están reclamando sus derechos. Se dio la situación que a quienes están reclamando sus derechos los están excluyendo del proyecto. Aquí tenemos que ser vigilantes”, indicó el líder gremial.
Por: DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN