Aunque en términos comparados Colombia ya no es un país pobre sino uno de ingresos medianos, aún hay un número enorme de personas que viven bajo la línea de pobreza. La pobreza venía bajando desde hace quince años, pero en febrero de este año no solo se frenó la disminución sino que por primera vez en tres lustros hubo un aumento de la pobreza del 27,8 al 28 %, y de la indigencia del 7,9 al 8,5 %. Mal contados casi tres de cada diez colombianos es pobre y uno más es indigente.
Para disminuir la pobreza se requieren muchas acciones combinadas. Foco y eficacia en el gasto social, transparencia, sostenibilidad económica y medio ambiental, entre otras. Pero antes, y como condición indispensable, se requiere generar riqueza para poder después hacer el gasto social focalizado.
Por eso son inexplicables tanto las decisiones en materia de minería y petróleo de la Corte Constitucional como la indiferencia y la parálisis del Gobierno. Una vez más, cambia su jurisprudencia y emite sentencias que no solo no prevén su impacto económico sino que son ignorantes y van en contra del bien común.
En efecto, so pretexto de amparar los derechos de las comunidades la Corte ha extendido sin límite los mecanismos de participación popular, incluso en casos como el de Marmato, para impedir el desalojo de mineros ilegales, o el de Puerto Bolívar, donde ordena la revisión de la licencia ya concedida de ampliación del puerto del Cerrejón.
Las decisiones de la Corte han convertido la consulta con las “comunidades” en el obstáculo más difícil para el desarrollo. Para rematar, se niega a definir de una vez y para siempre los términos exactos en que se deben realizar tales consultas y los efectos de las mismas.
Hace apenas unos días, por ejemplo, en la Colosa se realizó una consulta popular en que se votó contra el desarrollo del proyecto aurífero en esa región. A hoy nadie está muy seguro sobre cuáles son las consecuencias de esa votación.
¿Pero puede un país como el nuestro renunciar a las 30 millones de onzas de oro que hay ahí enterradas? ¿O al carbón o al petróleo o el gas? ¿Pueden unos cuantos miles estar por encima de millones? ¿Prima el interés de unos o el bien común? No tengo dudas: Colombia no puede darse el lujo de dejar bajo tierra miles de millones de dólares, indispensables para sacar de la pobreza a quince millones de personas.
Y sí, por supuesto, debe protegerse el medio ambiente, cuidar el agua, buscar soluciones alternativas para aquellos que puedan verse afectados. Está probado que es posible hacer minería y extracción de petróleo y gas con responsabilidad y sostenibilidad medio ambiental. Colombia no solo tiene el derecho de hacerlo, sino el deber. Dejar enterradas las soluciones para millones no es solo un pecado sino un acto miserable.
Por Rafael Nieto Loaiza