El Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento negó la detención domiciliaria del fiscal Yesid Pallares Aguilar, investigado por presuntamente cometer actos de corrupción en los procesos, en compañía de un abogado y juez en el municipio de Bosconia, Cesar.
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La decisión, emitida en segunda instancia, confirmó lo resuelto por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías que también había negado las pretensiones de la defensa de Pallares Aguilar, quien por muchos años estuvo a cargo de la Fiscalía 6 seccional de Bosconia.
La defensa había pedido la sustitución de medida de aseguramiento de centro carcelario a su lugar de residencia bajo el argumento de que su protegido se encontraba en malas condiciones de salud.
Para sustentarlo allegó al despacho judicial una serie de historias clínicas que demuestran unos padecimientos en la espalda, otra del año 2017, que refleja enfermedades comunes y una con fecha de 2 y 4 de septiembre de 2020, realizado por médicos de la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios del Inpec.
Al respecto, el juez consideró que los elementos de prueba orientaban a la autoridad judicial sobre la atención en salud que debe recibir el paciente más no a establecer si el sitio de reclusión donde se encuentra cumple o no las condiciones para tratarlas.
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“Si bien el procesado padece de dichas enfermedades, que la defensa considera grave, no puede determinarse con claridad si está en esa condición grave, que su salud corre peligro en dicho centro de reclusión y que su enfermedad sea incompatible con el sitio de reclusión. Además, se deduce que al detenido se le viene prestando atención médica en el sitio tal como lo establece la legislación en la jurisprudencia que ha regulado el tema de los privados de la libertad”, manifestó el juez Leonel Romero Ramírez.
Pallares Aguilar se encuentra privado de la libertad en la Cárcel Judicial de Valledupar desde el pasado mes de agosto, cuando fue capturado por el CTI de la Fiscalía junto al juez promiscuo municipal de Bosconia, Roberto Carlos Orozco Argote, y el abogado de la Defensoría Pública, Carlos Luis Ropero Galván.
El lío jurídico para los tres devino de una investigación que hizo la Fiscalía Dos Delegada ante el CTI de Bogotá por una denuncia de un ciudadano que aseguró que le pidieron plata por un proceso. Fue así que durante el trascurso de la indagación recolectaron unos videos y realizaron unas interceptaciones de llamadas telefónicas, entre otros elementos, que conllevaron a dar trámite al proceso penal de los implicados.
Según el ente, los tres aprovechándose de la amistad que tenían y que trabajaban para la misma jurisdicción, desde el 2017 hasta la actualidad, llegaron a negociar unos seis procesos o trámites judiciales.
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Entre los pleitos cuestionados está uno ejecutivo entre el ciudadano Fredy Alberto Ramírez Rodríguez en contra de la empresa Comportex S.A.S, una acción de tutela interpuesta por Rafael Enrique Cudris y un proceso penal por contrabando de hidrocarburos.
Sobre las acusaciones, el fiscal Yesid Pallares se ha declarado inocente, pero con esta reciente decisión deberá, por ahora, afrontar el proceso desde la cárcel.