Contrario a lo que muchas imaginaban, el presidente Iván Duque Márquez no llegó a desbaratar todo lo logrado por su antecesor, sino que ha rescatado a algunos de sus funcionarios y varias de sus estrategias de gobierno para implementarlas en el suyo, que ha tenido un cuestionado arranque.
En esta oportunidad, agradecemos al mandatario por haber extendido por un año más la suspensión general de permisos de porte de armas de fuego, teniendo en cuenta que las estadísticas de homicidios y lesiones ocasionadas con estos elementos, entre los años 2016 al 2018- de vigencia de la medida, muestran que coadyuva a garantizar los derechos y libertades fundamentales, seguridad ciudadana y el orden público.
Para dimensionar el impacto del uso de armas de fuego hay que revisar las cifras. Un estudio revelado por la revista científica JAMA (Journal of the American Medical Association), una de las más importantes en el mundo y que fue desarrollado en colaboración con el Instituto Nacional de Salud, señala que Colombia es el cuarto país del continente americano en cuanto a número de muertes por herida con arma de fuego. Y según datos de Medicina Legal, plasmados en el informe Forensis, el año pasado se presentaron 8.122 casos de deceso con proyectil de arma de fuego como mecanismo causal. El 90% de esos muertos eran jóvenes de entre 20 y 30 años.
Sin embargo, ya hay quienes revisando el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, consideran que con este se facilita el acceso a las armas a los civiles, por el hecho de que el Ministerio de Defensa Nacional durante la vigencia del mismo impartirá a las autoridades militares competentes los lineamientos para la expedición de las autorizaciones especiales que requieran los titulares por razones de urgencia o seguridad y de las excepciones que corresponda, teniendo en cuenta entre otros factores, las condiciones particulares de cada solicitud.
No está claro si esa disposición flexibiliza el acceso a las armas, pero ya crece el temor de que quienes tengan como comprarlas se armaran hasta los dientes. Aunque no está el tema lo suficientemente claro, esperamos que el Gobierno haga los ajustes pertinentes y cierre la puerta a tragedias como las de Estados Unidos, donde la libertad para la compra y porte de armas de fuego ha convertido a ciudadanos del común en despiadados asesinos que disparan contra multitudes en sitios públicos.
Está bien que la gente quiera sentirse segura, pero el arma no es una garantía total, por el contrario se corre el riesgo de que en algún momento sea usada para delinquir o para ocasionar alguna matanza en un momento de ira e intenso dolor.
Bien por la prolongación de la suspensión al porte de armas de fuego; mal por el riesgo que se corre de que está arma de defensa personal termine matando a más colombianos. Mejor armémonos de valor para denunciar, acompañar a las autoridades y con un trabajo articulado entre fuerza pública, sociedad civil y gobierno sacar adelante la seguridad del país.