Una vez más la incertidumbre se tomó el destino de la Gobernación del Cesar. El pasado miércoles, el Tribunal Superior Judicial de Bogotá le impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, lo cual dejó muchos interrogantes alrededor de su futuro político.
En respuesta a esa decisión la defensa del mandatario interpuso un recurso de reposición que provocó la suspensión de la audiencia hasta el próximo lunes. El recurso jurídico fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación, y se definirá la próxima semana si es revocable la decisión del Tribunal o se mantiene. Mientras, Monsalvo continúa en pleno uso de sus funciones administrativas hasta que sea resuelto el recurso que interpuso su representante legal, el reconocido abogado Iván Cancino.
De acuerdo a juristas consultados por EL PILÓN, si el magistrado Jairo Agudelo Parra, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, decide en favor de la reposición y revoca la medida de aseguramiento domiciliaria, entre otras opciones, le podrían dictar una medida de aseguramiento no privativa de la libertad al gobernador, por lo cual estaría obligado a permanecer en el país y comparecer periódicamente ante las autoridades, entre otros requerimientos.
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“Si le dictan una medida de aseguramiento no privativa de la libertad continuará ejerciendo sus funciones administrativas como gobernador del Cesar. Sin embargo, el proceso en su contra por presuntas irregularidades en un contrato para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el 2015 continuará su curso”, manifestó el experto. En ese orden de ideas, según los juristas, con la detención preventiva domiciliaria sí estaría sujeto a permanecer en su vivienda y dejaría de cumplir con las funciones de su cargo.
¿QUÉ VIENE DESPUÉS?
Luego de resolverse el recurso de reposición, sea cual fuere el resultado, la Fiscalía General de la Nación presentará una acusación en contra de Luis Alberto Monsalvo ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Según conocedores del tema, terminada dicha etapa comenzarán las audiencias de formulación de imputación, preparatoria y el juicio oral por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación en favor de terceros agravado, que les fueron imputados a Monsalvo.
“Este proceso tardará de dos a tres años para que llegue a juicio oral. En el juicio la sala especial decidirá si absuelve a Monsalvo de los cargos que le imputaron o se le da una condena. En caso de que lo condenen el mandatario departamental podrá interponer un recurso de apelación”, comentaron los abogados. En ese sentido, dicho recurso pasaría a ser revisado en segunda instancia por la Sala de Casación Penal compuesta por nueve magistrados, la cual en un proveído podrían confirmar la condena o revocarla.
Si el gobernador del Cesar se ve en la obligación de encargar la entidad territorial a un funcionario, posteriormente el presidente de la República, Iván Duque, delegará a un encargado de la terna de los partidos políticos que apoyaron a Monsalvo, mientras el mandatario departamental atraviesa el proceso penal en su contra.
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LOS PROCESOS JURÍDICOS EN LA FAMILIA
El mandatario departamental no ha sido el único de la familia Monsalvo Gnecco que ha tenido investigaciones y procesos en su contra. El primer político de este núcleo familiar que tuvo inconvenientes con la justica fue el exgobernador del Cesar Lucas Gnecco Cerchar, tío del actual gobernador.
Recientemente la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años y dos meses de prisión a Gnecco Cerchar porque durante su periodo como gobernador, entre 1998 y 2000, avaló la expedición de varios decretos que modificaron las apropiaciones del Presupuesto de Rentas y Gastos del departamento para la vigencia fiscal 1999, sin contar con la aprobación de la Asamblea Departamental.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN
@namiibb