La fórmula que nos ha enseñado el derecho internacional, una vez se acuerde el fin del uso de la fuerza a través del dialogo entre los Estados y grupos alzados en armas, ha sido el famoso post conflicto, hemos escuchado muchas veces que Colombia afronta una situación atípica, una de ellas es tratar de aplicar justicia transicional y reparar a las victimas sin antes solucionar esa confrontación con otros grupos ilegales, quiere decir eso que este proceso será un poco complejo, ya que en el mundo por lo menos no existen modelos a seguir.
¿Qué suponen los post acuerdos? Implementación de nuevas y especiales normas, decretos, resoluciones para dar paso al desarme, desmovilización y reintegración de esos grupos, paralelo a ello intentar acuerdos con los grupos que no se han desmovilizado. Así las cosas las instituciones del Estado deben estar alineadas al proceso especial que supone la aplicación de la justicia transicional (mecanismos de tipo legal para dar fin a las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario y logra la instauración de un estado democrático de derecho que le ponga fin al conflicto).
Uno de los acuerdos mayormente debatido ha sido el de la reforma rural integral, si nos detenemos a estudiar los avances en equidad y distribución del uso de la tierra que los acuerdos desarrollan, nos daríamos cuenta lo beneficioso que este proceso será para el desarrollo económico del país. La creación de un fondo para la distribución equitativa y para compra de tierras para los campesinos es otra de las novedades del acuerdo.
No habrá amnistías, será un acuerdo verificado por la comunidad internacional, el centro de la negociación han sido las víctimas, la justicia aplicable por el Tribunal Especial de Paz será restaurativa, es decir menos penas y más reparación a las víctimas, si las víctimas, esas personas que no decidieron nacer en un país en guerra y que han tenido que afrontar las circunstancias lesivas de una confrontación que parecía ajena, porque muchos ni siquiera la han entendido a lo largo de los demás procesos de negociación fracasados. Y como si fuera poco tendremos todos los ciudadanos la oportunidad de votar sí estamos de acuerdo en lo que se ha acordado entre el Gobierno y las Farc, respetando uno de los principios propuestos al comienzo de la negociación.
Todo este proceso producto de la voluntad política del actual Gobierno no depende únicamente de las instituciones, creo que los delegados del Gobierno ya han hecho lo suyo y bien hecho por cierto, nuestro papel es ahora apoyar el SI a la paz, a la inclusión social, reivindicación de derechos, desarrollo económico del campo, como ciudadanos que nacimos en medio de tanta desigualdad, discriminación, odios personales llevados a la vida pública y así dar fin al conflicto que nos ha tocado a todos.
Por José Luis Blanco Calderón