Un punto de discordia en los conflictos sociales de Colombia ha sido el manejo que desde las instituciones oficiales se le ha dado al acceso, utilización y distribución de la tierra; el problema de la intervención del Estado y una urgida reforma agraria anhelada para controlar los focos de violencia producto de las desigualdades entre el campo y las ciudades.
No obstante, el sector público parecía reaccionar de forma contraria a la esperada, mutando de razón social pero sin un trasfondo esperanzador. Fue así como vimos morir, aparentemente, a Incora, Incoder, y ahora vamos en Agencia especializada para administrar lo derivado de los bienes inmuebles públicos y privados de la nación.
Las iniciativas lideradas por algunos movimientos sociales, desde los año 20 del siglo pasado hasta las últimas manifestaciones, terminaban en concreción de vías de hecho, como las auspiciadas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en la década de los 70’s y 80’s, al igual que otros movimientos de reivindicación del campo, ejemplo de ello tenemos la época de las reivindicaciones donde esta region participó en las parcelaciones en jurisdicción del municipio de San Diego, Codazzi y La Jagua de Ibirico, en el departamento del Cesar, pese a que esta región está fuertemente afectada por figuras jurídicas como las zonas especiales de protección de reserva forestal y territorio ancestral, lo cual es, sin lugar a dudas, una connotación adicional para el acceso a la tierra desde la perspectiva del derecho al trabajo y no en la cosmovision diferencial de pueblos étnicos.
Vale la pena analizar en qué vamos frente a este problema que nos acompaña desde los primeros años del siglo pasado.
Muchos países, incluso en Latinoamérica, ya han implementado el catastro multipropósito como mecanismo no solo de identificación de predios, sino de valores agregados, como avalúos, planificación, control ambiental, entre otras bondades que parecen calzar adecuadamente a las necesidades de los campesinos, sin estigmatizar o sectorizar, incluyendo hacendados, ganaderos y demás gremios beneficiarios, puesto que más allá de implementar estas medidas como solución, el campo al igual que las grandes urbes en Colombia demandan procesos de reconciliación desde las primarias células organizacionales que permitan realmente un cambio hacia el desarrollo humano, social y por supuesto económico.
Este punto se ha discutido en múltiples ocasiones cuando Colombia ha intentado poner fin a tantos años de conflicto, aunque sea uno de los temas más complejos y determinantes al medir efectividad en acuerdos políticos, ya que alrededor de ello existen y han existido intereses importantes de tipos legales e ilegales, por supuesto.
Valdrá la pena entonces resaltar también los avances tecnológicos implementados por parte de las instituciones del Estado para gestionar información actualizada de los usuarios o ciudadanos, y por supuesto de sus bienes a la hora de planear las acciones que puedan permitir una intervención ajustada a las necesidades de todos los sectores productivos del país.
Ya va siendo hora que Colombia reduzca la abismal brecha diferencial entre lo complejo de acceder a bienes y servicios en el campo de un ciudadano frente a hacerlo en las ciudades. Este pequeño acápite, pero tan importante, permite vislumbrar la situación actual y real de los predios; asimismo, establecer las condiciones jurídicas de los ciudadanos con los bienes identificados.