Por: Daniela Rincones Julio.
Los pobladores del municipio de San Diego, a escasos 20 minutos de Valledupar, vivieron de cerca el impacto del horror que generaban grupos armados ilegales. Una de las comunidades más golpeadas se encuentra a poco menos de tres kilómetros de su cabecera urbana, se trata del corregimiento Los Tupes, donde cerca de 80 familias han retornado paulatinamente para recuperar un caserío que años atrás se convirtió en un pueblo fantasma.
Quienes están regresando aún recuerdan con especial detalle la tragedia que sufrieron el 30 de mayo de 2001 tras una incursión de paramilitares del bloque norte, que dejó siete personas asesinadas: cinco niños y tres adultos.
En los ojos de quienes hoy recuerdan ese lúgubre momento se evidencia la nostalgia y el pesar de un hecho que los marcó y que para ellos todavía no tiene una explicación precisa, que provocó el desplazamiento forzado de sus pobladores y la desolación del caserío.
Pablo Donato Suárez Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Tupes, asegura que muchos de estos asesinatos se dieron por malas informaciones que llegaban a oídos de los paramilitares y que representaban, en cierto modo, retaliaciones por otras muertes sucedidas antes.“Me mataron un sobrino, después la masacre que hicieron cuando mataron a ocho personas; cinco niños y tres adultos, entre esos un niño de un año que apenas estaba empezando a caminar, la mamá murió con él en los brazos mientras le echaban una bomba incendiaria a la casa esa donde mataron a la mamá, el hijito, la abuela y un trabajador de ellos”, recordó Suárez Herrera. De la misma manera rememoró que en la casa grande, ubicada por la plaza, mataron a cuatro niños porque creían que se encontraban los que le habían mal informado (a los paramilitares), “porque nunca fueron guerrilleros ni nada sino que por la mala información y que no investigaron… hablé con uno de ellos y le dije que tenían que investigar para ver si la información que tenían era cierta y reconocieron que cometieron un error, pero esos errores”, dijo entre lágrima Suárez Herrera.
A la vez que recordó como uno de los menores se salvó al refugiarse dentro de un refrigerador y otro joven en uno de los episodios logró huir de su casa y encontró escondite en la casa del señor Pablo para luego escapar del pueblo.
Así empezó la migración de los habitantes de Los Tupes, quienes, atemorizados por lo que veían, prefirieron buscar refugio en otros lugares. En el caso de Malca Herrera, quien ha vivido la mayor parte del tiempo en este corregimiento, Barranquilla fue la opción para radicarse durante los años en que el pueblo quedó minado por el éxodo de sus moradores.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la disminución del conflicto, las personas lograron recobrar la confianza para volver a sus tierras y retomar la vida que debieron poner en pausa para reinventar otra experiencia lejos de la cotidianidad que tenían en su pueblo.
Pablo, por ejemplo, tomó la decisión de retornar de manera voluntaria así como las más de 80 familias que hoy habitan Los Tupes y que han llegado poco a poco. Todos ellos, como apuntó Suárez Herrera, sin tener ningún apoyo por parte de los gobiernos.
De la misma manera Malca expresó que después de los cerca de seis años que vivieron exiliados en otras ciudades, se empezaron a quedar en Los Tupes durante períodos más largos, hasta que regresaron definitivamente. “Ya Los Tupes está tranquilo, ya los grupos se desaparecieron y pues volvimos al pueblo y hoy día gracias a Dios tenemos tranquilidad. También lo hicimos por nuestros propios medios ese retorno, nunca hubo acompañamiento del Estado”, recalcó Herrera.
A pesar de esto, reconoció que recientemente han tenido el acompañamiento de la Unidad de Víctimas. Dicha institución, aseguró Malca, ha llegado dos veces a realizar con ellos programas psicosociales con una trabajadora social que les pregunta sobre cómo fue esa experiencia de la que hoy día, manifestó Malca, pueden hablar tranquilos porque en otrora les atemorizaba.
¿QUÉ ESPERAN DE LOS PDET?
A pesar de esto, todavía es mucho lo que se echa de menos en Los Tupes y toda esta zona, que se encuentra priorizada dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET en el cual San Diego figura como uno de los 170 municipios priorizados en todo el territorio nacional y es específicamente uno de los 8 que aporta el Cesar en la subregión de la Sierra Nevada, Serranía del Perijá y Zona Bananera, para la que está proyectada una inversión de 8.6 billones de pesos para los próximos 10 años.
Uno de los principales requerimientos que tienen en esta población está relacionado con la generación de empleo, en el sector agropecuario, puesto que es una de las mayores falencias que todavía enfrentan y donde lo usual es que vivan como ellos mismos dicen “del día a día”. En este sentido, la finca del señor Pablo; donde laboran en agricultura, piscicultura y ganadería, es uno de los lugares que sirve para emplear a varios de los moradores del pueblo, pero no es tan grande como para ser una fuente laboral de muchas personas más.
Otra alternativa que les han dado, a través del Sena, es el desarrollo de una unidad productiva con alrededor de 45 gallinas, pero, según sostuvo Malca, esto no es suficiente para la población y no resulta óptimo para todos ellos. Por eso, en la formulación del PDET pidieron reforzar las asociaciones para recibir la ayuda que les permita sentir un verdadero impacto que active la economía del pueblo.
Además, proyectos relacionados a los servicios públicos también son aclamados por esta comunidad. Pablo explicó que en estos momentos el agua que se suministra al corregimiento es pésima, hasta tal punto que él mismo ha decido hacerle tratamiento y ha comprobado que el líquido no es apto para el consumo humano, porque según ha visto, cuando se deja dos días en un recipiente se pudre.
Entre tanto el alcantarillado está en proyecto mientras que el acueducto según dijo Suárez Herrera que le comentaron de parte de la administración departamental, es un hecho.
En este sentido, el gerente de la empresa Aguas del Cesar, Pedro Serrano, aseguró que este es un proceso que inició el año pasado y que hoy se encuentra en sus pliegos definitivos, de este modo pretenden que a mediados del mes de marzo se reciban las propuestas de los posibles oferentes. “Así las cosas debemos tener contratistas a finales del mes de marzo o la primera semana del mes de abril ya siendo adjudicado este proyecto”, indicó Serrano.
El proyecto de Los Tupes en particular tiene una inversión de 3.330 millones de pesos incluyendo la interventoría y comprende la intervención tanto del acueducto como del alcantarillado. El mismo está comprendido dentro de un macro proyecto regional financiado con recursos de regalías y con el que se beneficiarán otros dos corregimientos (Varas Blancas y El Carmen) y un municipio del Cesar (Tamalameque).
Pero siguen faltando más cosas. En Los Tupes cuentan con escasas vías pavimentadas y el camino que los comunica a Las Pitillas, otro corregimiento, a pesar de ser muy transitado por los campesinos no cuenta con ninguna clase de adecuación. De la misma forma tienen una vía que les podría facilitar mucho más la llegada hasta Valledupar y que según relató Suárez Herrera permite un trayecto de solo 10 minutos, pero tampoco se encuentra en buenas condiciones.
“Esto de aquí a Valledupar es un brinco, de la Terminal a aquí son 10 minutos. De aquí a la carretera negra lo que hay son 4.5 kilómetros, pero está destapada, fea, es una servidumbre que está desde la época de los indígenas Tupes, es vieja, con más de 500 años”, agregó Pablo. Dicha tribu estuvo situada al norte del departamento del Cesar y fueron conocidos de manera errónea como motilones, quienes se asentaron en la zona del Catatumbo.
El acceso a la salud es igualmente una tarea pendiente en este corregimiento, hasta donde cada ocho días llega un médico para atender entre 14 y 16 personas. Sin embargo, cuando se presentan emergencias se ven obligados a trasladarse hasta el municipio de San Diego: “Incluso el día que el médico está aquí si hay una urgencia de cualquier cosa tenemos que dirigirnos a San Diego porque en el puesto de salud no contamos con los implementos necesarios para atender una urgencia”, aseguró Malca Herrera.
Sobre los PDET destacó que también incluyeron solicitudes para que se fortalezca la educación y el saneamiento básico, a fin de que puedan tener una mayor calidad de vida que hasta ahora no ha sido posible. Indudablemente sus esperanzas están puestos en estos proyectos en la medida que, como enfatizó Herrera, todo lo que se plasmó por medio del grupo motor se empiece a ejecutar bien.
Actualmente en Los Tupes se estima que hay alrededor de 70 niños entre cero y 12 años, mientras que jóvenes son aproximadamente 40 entre las edades de 14 y 17 años. Además también hay otros menores que se encuentran en las fincas de la zona y que igualmente reciben la atención en salud en el pueblo. Los menores están incluidos dentro de los programas de crecimiento y desarrollo que se adelantan en el Hospital El Socorro, en el casco urbano de San Diego, y hasta donde deben desplazarse las madres con sus pequeños a citas de control. Ocasionalmente también se adelantan algunas brigadas, que según expresaron, no son muy habituales.
LO HECHO HASTA AHORA:
Hasta el momento en el municipio de San Diego únicamente se realizaron contratos por parte de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, para cumplir con la gestión, relatoría, adaptación, implementación y sistematización para la formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET. En este sentido, el primer contratista fue Jainer Antonio Peñaranda Ibarra, quien firmó un acuerdo por $14’000.000 y además solicitó la prorrogación del contrato con una adición de $7’000.000, justificados de la siguiente manera:
Otro de los contratistas que hizo parte de esta etapa fue Jorge Luis Guerra Gutiérrez, quien estuvo como facilitador del PDET en San Diego y explicó: “Ese ejercicio con la comunidad, en mi caso, fue hasta el mes de julio de 2018, quedando organizado el tema de la etapa municipal con las fuerzas administrativas y activas del municipio”.
Su contrato, de similares características que el anterior y por prestación de servicios, se celebró por la suma de $17’600.000 y contó con una adición en este caso de $8’800.000 que se encuentran sustentados en los documentos que aparecen en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, de la misma manera que el contrato de Peñaranda Ibarra. Por lo cual la totalidad de la contratación se tazó en $26.400.000.
Por último, hubo un tercer contrato con Yonaidis Atencio Ariño, quien además fungió como gestora en este municipio, por un valor de $22.500.000. Atencio Ariño explicó que estuvo en el proceso veredal tras el cual estuvieron en el municipal en donde entregó el resultado de su trabajo para que se siguiera con el proceso.
A partir de estas labores realizadas en el marco de los contratos con la ART se llegó al Pacto Municipal para la Transformación Regional por el municipio de San Diego, que antecedió a lo que sería el Plan de Acción para la Transformación Regional en el que se incluyeron las iniciativas propuestas en todos los 15 municipios que conforman la subregión Sierra Nevada – Serranía del Perijá- Zona Bananera, dentro los que figuran los ocho del departamento del Cesar.
Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo ‘Los números del posconflicto’, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con seis medios colombianos.