Con este título no piensen que hago alusión a la película que se exhibe por estos días en cartelera titulada: “Los indestructibles” en la que actúan: Sylvester Stallone, Mel Gibson y Antonio Banderas pues dicha suposición se opone abiertamente al tema a tratar en esta columna muy a pesar de tener todos los ingredientes de una película de acción.
A lo que me refiero en realidad es a la evasión de la justicia de algunos servidores públicos que con procesos judiciales en curso se ponen en pies de polvorosa burlando así la justicia colombiana so pretexto de supuestas: “falta de garantías procesales”. El primer caso es el del ex comisionado de paz: Luis Carlos Restrepo.
Investigado por presuntas “falsas desmovilizaciones”. Actualmente vive en el extranjero. Le sigue en su orden: María del Pilar Hurtado exdirectora del extinto D.A.S. Investigada por presuntas “escuchas ilegales” y a quien le fue concedido asilo político en Panamá. Recientemente salió de ese país y es incierto su actual paradero. Le sigue el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias.
Condenado a 17 años de prisión por el delito de celebración indebida de contratos sin el lleno de los requisitos legales en el caso de Agro Ingreso Seguro (A.I.S.). Actualmente vive en los Estados Unidos y es solicitado en extradición por el Gobierno Nacional. Finalmente está el caso de la ex contralora: Sandra Morelli Rico. Investigada actualmente por presunto detrimento patrimonial por la venta del edificio donde funcionó el ente fiscal. La abogada también se encuentra prófuga de la justicia.
Ciertamente, el país no sale de su indignación y solicita respeto a nuestras instituciones, como lo ordena el artículo 95 de la Constitución Política: Se debe apoyar a las autoridades legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional y es deber ciudadano, colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Valdría la pena suscribir convenios de cooperación internacional para evitar que delincuentes de cuello blanco luego de cometer sus fechorías en Colombia se refugien en países que terminan acogiéndolos sin hacer distinción entre delitos políticos y delitos comunes.
El mensaje para el ciudadano de a pie no puede ser peor: El delito si paga y en momentos como estos es cuando las palabras del caudillo Jorge Eliecer Gaitán pronunciadas hace más de sesenta años parecen cobrar vigencia: “La justicia es para los de ruana”.