Aunque no es hora de devolver la historia, ni de buscar culpables, si no soluciones al problema, hay que reconocer que la aguda crisis hospitalaria que en la actualidad viven los hospitales, ha sido consecuencia de los diferentes procesos encaminados a reformar el modelo de prestación del servicio que impuso la ley 100 de 1993 y que hoy sigue en la espera de resultados positivos.
Sin dudas, el salto de un sistema asistencialista a un sistema de aseguramiento es lo que ha generado la crisis institucional, debido a la distorsión generada por las fallas propias de un mercado competitivo y de libre concurrencia, el privilegio y tratamiento legal de las entidades aseguradoras, hoy EPS, sumada a la improvisada conversión de los hospitales públicos en Empresas Sociales del Estado (ESE), en su mayoría de primer nivel de atención, sin la adecuada infraestructura organizacional ni empresarial; todo esto sumado a la elevada carga prestacional que demanda el recurso humano vinculado y el factor de mayor incidencia, que lo constituye el incremento de la cartera morosa que presentan los hospitales, ya que las ESE, en aras de garantizar la prestación del servicio y atender los pacientes compran insumos: medicamentos, material médico quirúrgico, asumen pago de personal médico, pagan servicios públicos, compran equipos etc., y no obtienen los pagos oportunos y muchas veces ni les cancelan lo facturado, ya que las cuentas son sometidas a procesos de glosas y conciliaciones que se traducen en descuentos y por ende, en dinero que nunca retorna a las ESE.
De ahí, que sin ahondar en otros factores que también han incidido en agudizar esta crisis como la corrupción y el clientelismos político, no se hace extraño que la red pública hospitalaria en el Cesar también esté inmersa en esta problemática; nueve hospitales fueron calificados en riesgo alto: Los hospitales local y regional del municipio de Aguachica, Olaya Herrera de Gamarra, San José de La Gloria, Lázaro Alfonso Hernández de San Alberto, Francisco Canosa de Pelaya, Álvaro Ramírez de San Martín, Inmaculada Concepción de Chimichagua, y el San Martín de Astrea.
Así mismo, tres centros hospitalarios más, se encuentran calificados en riego medio: El Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial de Valledupar, José Antonio Socarás de Manaure, y el hospital local de Río de Oro. Esto conllevó a que todos estos hospitales iniciaran un programa de saneamiento fiscal y financiero viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que no es más que una moderada intervención fiscal que limita la gestión de estas entidades en todo sentido.
Pero lo más lamentable y como lógica se espera es que mientras estos procesos culminan las ESE se ponen en serias desventajas competitivas y rezagos tecnológico frente al sector privado, que entre otras cosas, en el Cesar cada día se hace más fuerte y monopólico, todo por la inexistencia de recursos para inversión en equipos médicos y diagnósticos, mantenimiento de las edificaciones y equipos existentes, sencillamente porque estos procesos de saneamiento fiscal, limitan los recursos para inversión.
En fin, como lo dijera una reconocida gestora de riesgos hospitalarios “si podemos recordar el refrán que dice que los médicos también se mueren, no menos difícil nos resulta asimilar que los hospitales también se enferman”.