Unos contratos que presuntamente mostraron irregularidades fueron pieza clave para que la Fiscalía 12 seccional realizara imputación de cargos en contra del exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda Sánchez, investigado por ocasionar un aparente detrimento patrimonial durante su periodo de gobierno entre el año 2016-2019.
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Según la Fiscalía, desde el primero de enero del 2016 el exmandatario se concertó con cinco personas más con el fin de utilizar la Alcaldía de Astrea para celebrar convenios y contratos que les permitían apropiarse de recursos públicos destinados a la población en condición de discapacidad del municipio.
Además eran aparentemente celebrados sin el cumplimiento del régimen general de la contratación establecido en La Ley 80 del 1993 en el país.
Para el ente acusador se alcanzaron a concretar más de cuatro contrataciones durante los años 2016 – 2019 para apropiarse de $335.572.580, en los cuales se vieron involucrados Mireya Isabel Díaz Montenegro, representante legal de la Fundación de Educación y talentos especiales, Funete; la exsecretaria de Salud del municipio, Aidee Teresa Mejía Pallares y los ciudadanos Antonio Arturo Amaris Ariza, Yesid Eduardo Marín Gutiérrez y Álvaro Adolfo Murgas Romero.
Durante la investigación determinaron que el exalcalde celebró un convenio de asociación en el 2018 con la representante de la Fundación Funete, Mireya Díaz Montenegro, por un valor de $600.500.000 en el que supuestamente se transgredieron los principios de publicidad, transparencia, selección objetiva, economía y planeación. Esto debido a que no publicaron varios documentos en el Sistema de Servicio Electrónico de Contratación Pública, Secop.
“Sepúlveda Sánchez fue permisivo e incumplió con su deber y lo hizo de manera consciente recibiendo a satisfacción un programa que no fue ejecutado en los términos pactados con la Fundación Funete a quien injustificadamente giró recursos que se encontraban bajo su administración y custodia con ocasión de sus funciones por valor de $335.572.580 pesos lo cual se traduce en un peculado por apropiación agravado en favor de tercero”, dijo el fiscal Gentil De León Mármol.
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“NO HUBO DEBIDA PLANEACIÓN”
La Fiscalía señaló que la planeación del anterior contrato estaba a cargo de la exsecretaria Aidee Teresa Mejía Pallares, quien supuestamente la hizo de manera deficiente, pues no desarrolló estudios que permitieran establecer estadísticamente cuántos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en condición de discapacidad se registraban en el municipio de Astrea entre el 2016 al 2018 y tampoco calculó cuántos de ellos serían beneficiados.
“Mejía Pallares fue designada como supervisora de tres contratos y en función de estos suscribió las actas de inicio y además certificó el cumplimiento de satisfacción de actividades que no fueron desarrolladas por la contratista Mireya Montenegro, incorporando información falsa en los documentos, mismos que sirvieron de soporte a la administración para ordenar los pagos injustificados a la Fundación Funete por valor de $ 335.572.580”, agregó el fiscal.
Explicó además que la Fundación Funete suscribió otros convenios de asociación en los años 2017 y 2018 por $687.500.000 que no tenían los principios de la contratación, por lo que eran de acuerdo previo con el entonces alcalde.
En estos fueron presuntamente fundamentales los contratos de prestación de servicio de los profesionales Antonio Arturo Amaris Ariza, Yesid Eduardo Marín Gutiérrez y Álvaro Adolfo Murgas Romero, a quienes aparentemente les pagaron actividades que no realizaron.
“Todo con el propósito de justificarle a Mireya Isabel Díaz Montenegro la inversión de los recursos en actividades que no fueron ejecutadas, incorporando así información falsa en los documentos que sirvieron de pruebas para obtener desembolso de dineros”, concluyó el representante del ente acusador.
LA IMPUTACIÓN
Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos al exalcalde Sandy Sepúlveda Sánchez por los delitos de concierto para delinquir, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de tercero agravado. Y a la exsecretaria Aidee Teresa Mejía le imputó estos mismos delitos junto con falsedad ideológica en documento público.
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Mientras que a Mireya Díaz Montenegro la responsabilizó de concierto para delinquir, coautor interviniente en la celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en calidad de interviniente y falsedad ideológica en documento privado.
Por último, a los ciudadanos Antonio Arturo Amaris Ariza, Yesid Eduardo Marín Gutiérrez y Álvaro Adolfo Murgas Romero les imputó los delitos peculado por apropiación en menor cuantía en calidad de interviniente y falsedad ideológica en documento privado. Hasta el momento ninguno de los implicados se pronunciaba si aceptaban o no los cargos.
Los detalles de la investigación fueron develados en el marco de las audiencias preliminares virtuales de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, desarrolladas ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar.
Durante la diligencia, el abogado Germán Piñeres, quien representa los intereses del exmandatario, mostró su inconformidad por la cantidad de delitos ‘pocos claros’ que le atribuían a su prohijado.
Los procesados están detenidos desde la tarde del miércoles, día en que decidieron presentarse voluntariamente en las instalaciones del CTI de la Fiscalía de Valledupar tras conocer que tenían en su contra una orden de captura.