Algunos colombianos observan con una pasividad increíble como se extiende y profundiza la magnitud de esta verdadera tragedia que ha originado el invierno. Con excepción de las miles de familias directamente afectadas por el problema, muchos otros están viendo el tema desde la barrera, como si fuera una noticia más.
No obstante, las cifras hablan por si solas: más de un millón y medio de afectados, unas trescientas mil familias; 628 municipios afectados, en 28 departamentos, 167 muertos, 225 heridos, 19 desaparecidos, casi dos mil viviendas destruidas, unas doscientas cincuenta mil viviendas averiadas, son los datos más escalofriantes, revelados por la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia.
Además, se han registrado 1.381 emergencias; inundaciones 812; 360 deslizamientos; 18 avalanchas; 170 vendavales; 13 tormentas eléctricas, un tornado, problemas de erosión, granizadas, etc. De los 28 departamentos afectados, las mayores complicaciones se han registrado en: Bolívar, Magdalena, Córdoba, Chocó y Sucre, Antioquia y Cundinamarca y Antioquia, incluyendo a la Sabana de Bogotá.
Pero, al lado de estas pérdidas humanas, que sin duda son las más importantes, están también las pérdidas económicas, públicas y privadas, cuyos cálculos aún no se han hecho. Son miles de hectáreas de cultivos, pastos, miles de animales, carreteras, puentes, vías terciarias, etc que se han perdido y cuya recuperación durará años y costará, como se dice popularmente, un ojo de la cara. Este invierno le valdrá billones de pesos al país.
Lo más conveniente sería que el gobierno nacional designara, lo antes posible, un funcionario de alto nivel, una especie de gerente para manejar esta tragedia, al estilo de lo que hizo el gobierno de Belisario Betancur, cuando designó al empresarios Pedro Gómez Barrero, para manejar la recuperación de Armero. Se ha designado a Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi, un destacado dirigente gremial, pero este necesita a una persona de tiempo completo.
Nos atrevemos a afirmar que la magnitud de esta tragedia es mayor y algunos funcionarios del gobierno parecen no haberse dado cuenta de ello y andan por ahí haciendo cuentas alegres. Las condiciones fiscales de la Nación no dan espacio para afrontar con recursos públicos la tragedia que estamos viviendo, por eso insistimos en que es necesario acudir a una emergencia económica, como lo establece la Constitución de 1991, con el fin de financiar los daños de un hecho emergente, imprevisto y que afectará seriamente el aparato productivo del país.
Los daños en el agro, en distintas zonas del país, implicarán la condonación de deudas del sector financiero a este sector de la economía, con el respaldo del Estado; adicionalmente, el daño en carreteras, puentes y otro tipo de infraestructura requerirá acudir a créditos y ayuda internacional para poder agilizar la rehabilitación de la misma.
Con todo respeto consideramos que el gobierno nacional no ha dimensionado la magnitud de esta tragedia, que afectará el resultado económico de este año y las perspectivas para el 2011. Ya hay brotes de inflación por alimentos, este fenómeno ya se comenzó a sentir en las grandes ciudades.
La cosecha de café se ha visto mermada por el intenso invierno, además las carreteras también han afectado el proceso de recolección; que decir de cultivos como los de flores, palma africana, frutales y hortalizas, etc.
Esta tragedia amerita soluciones radicales: nombrar un gerente nacional, que viaje por todo el país para coordinar la ayuda; que solicite ayuda al sector privado nacional e internacional y que haga un censo de lo sucedido. Lo que estamos viendo es muy grave, y reiteramos, amerita acudir a la emergencia económica para afrontarlo. Igualmente, en el plano regional y local se deben adoptar medidas de emergencia y extraordinarias para manejar esta emergencia invernal, la más grave en muchas décadas.