Por: Giomar Lucía Guerra Bonilla
El tema de las regalías ha sido tratado en este medio periodístico por personas versadas en el tema, como el doctor Hernández Gamarra, Dickson Quiroz Torres, el gobernador Cristian Moreno, algunos diputados y parlamentarios de la región. El Director de este diario Carlos Alberto Maestre, le ha dedicado varios editoriales, y en verdad que el asunto lo amerita, en especial si nos referimos a la educación.
Sin embargo, creo que no sobra recordar algunos aspectos sobre el Sistema General de Participaciones (SGP), que son los recursos económicos que la Nación transfiere a los distritos, municipios y departamentos certificados, para la financiación de los servicios de educación y salud, conforme a los criterios y competencias establecidos en las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, en atención al mandato señalado en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. El Ministerio de Educación estipula las pautas para la asignación y – además- vigila, monitorea y regula la inversión del SGP.
La ley 715 estableció los siguientes criterios para esta distribución: población escolar atendida (cobertura), población por atender en condiciones de eficiencia y equidad y un aporte mínimo giran a los municipios para la calidad educativa. Financia, además, las prestaciones sociales del magisterio, transferidas directamente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con sede en Bogotá D.C.
En el caso del departamento del Cesar para esta vigencia, según datos suministrados por la oficina respectiva, el presupuesto inicial asignado asciende a: $213.300.662.370, más del 90% de estos recursos están orientados al pago de la nómina, un 5% para calidad educativa, el porcentaje restante para cancelaciones y prestación de servicios. Este valor lo establece la Nación, teniendo en cuenta el número de estudiantes o sea la cobertura.
Los objetivos de política, programas y proyectos, acordes con el Plan Nacional de Desarrollo Nacional que varían un poco en el programa del actual gobierno denominado “Política educativa para la prosperidad”, son: incremento de la cobertura, (sostenibilidad y promoción de la retención escolar). Para lograrlo se requiere desarrollar varios proyectos. De igual manera sucede para alcanzar la calidad y la eficiencia, esta última a través de la modernización de procesos de la Secretaría de Educación.
Programas, proyectos y logro de metas son financiados con ingentes inversiones provenientes de las regalías, que sobrepasan los 35 mil millones, reflejados entre otros, en el número de aulas de la zona rural construidas y mejoradas, la financiación de costos educativos a más de 251.144 estudiantes, alimentación y transporte escolar.
En calidad, la orientación a los planes de mejoramiento, foros educativos, capacitación en varias áreas, dotación de textos, convenios con el SENA para capacitar en la zona rural y otros frentes de atención, aún así muchas Instituciones adolecen de las condiciones requeridas para su desempeño. Confiamos que el acuerdo para lograr la calidad firmado en la primera reunión de Secretarios de Educación del Presidente Santos, con la Ministra de Educación, surta el efecto requerido.
Es un llamado a la reflexión, porque el asunto concierne a todos. Sus beneficiarios en las instituciones educativas proceden, en su gran mayoría, de los estratos 1 y 2. Además el destino de las inversiones de regalías, está estrechamente ligadas a uno de nuestros mayores problemas sociales, consecuencia de la violencia, la corrupción, el desplazamiento con todas sus secuelas, lo cual nos lleva a recapacitar sobre la crisis en que se debaten niños, jóvenes, hombres y mujeres que son nuestros hermanos colombianos, para quienes el estado a pesar de efectuar acciones prioritarias, uno de los caminos es la educación para devolverles la dignidad humana.
Además volver a la centralización, no solo contradice el precepto constitucional, sino que los logros obtenidos con el voto Caribe tambalean, y sería retroceder en el proceso de regionalización.