Siguiendo con la columna anterior se puede sostener que desde hace 25 años se ha intentado definir la fijación del salario mínimo a través de acuerdos y concertaciones, lo cual ha logrado establecer consensos únicamente en siete (7) oportunidades.
Estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que desde que fue creada la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales solo en 7 ocasiones (2001, 2002, 2005, 2011, 2013, 2017 y 2018) se ha logrado fijar el salario mínimo mediante acuerdo, las demás veces el Gobierno ha definido el aumento por decreto.
Al respecto, lo más probable es que para el presente año la fijación del salario mínimo que regirá para la vigencia del año 2022 la haga el Gobierno vía decreto, pues el país se encuentra en medio de una difícil recesión económica, con inflación disparada, con devaluación del peso colombiano en niveles históricos, con cifras de desempleo elevadas, y como consecuencia de ello, con unos niveles de informalidad laboral excesivos, indicadores de productividad reducidos y sobrellevando los efectos de la pandemia del covid-19.
Además de las dificultades mencionadas, ya comenzó el primer contratiempo en el proceso de negociación del salario mínimo: ha sido aplazada la reunión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que había sido convocada para el viernes 26 de noviembre.
Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos más comunes por parte de empleadores y trabajadores en la discusión para la fijación del salario mínimo?
Por parte de los empleadores: 1) Elevados costos laborales asociados, debido a que contratar a un empleado cuesta mucho más de lo que al final recibe el trabajador, pues se debe pensar en el pago de los salarios y también en el pago de los respectivos aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación), incrementando los costos y dificultando la sostenibilidad empresarial en tiempos de crisis.
2) Bajos indicadores en la productividad: la productividad no es la esperada y eso no permite tener el flujo de caja necesario para solventar las obligaciones laborales y soportar grandes aumentos en los costos fijos.
3) Difícil situación en la economía: en los tiempos actuales de crisis muchas empresas se encuentran luchando por sobrevivir, pues no están alcanzando el punto de equilibrio. Lo que menos necesitan es un incremento excesivo en sus costos laborales, justo cuando sus ingresos han caído.
4) Elevado desempleo: las propuestas de aumento de salarios de las centrales obreras demuestran preocupación únicamente por los trabajadores que han conservado su empleo en medio de la pandemia, pero no por los desempleados e informales que necesitan trabajar. Más costos en la contratación significa contratar menos o prescindir del personal que se tiene contratado para lograr un punto de equilibrio en las empresas.
OTRA POSICIÓN
Por parte de los trabajadores persisten argumentos como: 1) Pérdida del poder adquisitivo de los salarios: se debe compensar la crisis económica que han sufrido los trabajadores con un aumento en los salarios, pues la capacidad de consumo de las personas será clave para la reactivación de la economía.
2) Incrementos en el costo de vida: la canasta familiar, el transporte, los arriendos y los servicios públicos han incrementado con la pandemia. Los trabajadores están sufragando incrementos en el costo de vida con el mismo o con menor salario. Se necesita un aumento que logre aproximarse a la garantía del mínimo vital.
3) La rentabilidad no va ligada a la disminución de costos salariales: la rentabilidad o competitividad empresarial no depende de los salarios, sino de otros costos fijos de producción como la tasa cambiaria de divisas, los servicios públicos, la gasolina, las altas tasas de interés en la banca comercial, la criminalidad y la falta de vías e infraestructura adecuada para movilizar bienes e insumos necesarios para la producción.
En conclusión, los argumentos representan los intereses de cada grupo que interviene en el proceso de negociación. Cada vez se hace más difícil concertar salarios, pero se debe promover el diálogo social para la construcción de propuestas que permitan salir de las dificultades que representan los tiempos actuales.
Por: José Ángel González Cruz