Que el municipio de Valledupar no cumple a cabalidad el Decreto 678 firmado por el presidente Duque, relacionado con la autorización a los alcaldes para reorientar los presupuestos para atender la crisis, es la denuncia que hace el concejal Jorge Pérez.
Lee también: Centros comerciales de Valledupar aseguran estar listos para la reapertura
Cabe recordar que el Gobierno nacional consideró la necesidad de dotar de instrumentos legales a las entidades territoriales para contar con mecanismos efectivos para atender la emergencia, los efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, permitiendo mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento, por lo que decretó facultades a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica y modificar el presupuesto.
“Desde inicios de la crisis económica y social debido a la pandemia de la covid-19 hemos venido insistiendo que el alcalde como ordenador del gasto debía liberar recursos importantes para invertirlos en los sectores más afectados. El gobierno del alcalde Mello Castro lleva casi cinco meses y no hemos visto acciones que impacten positivamente a las comunidades, solo se ven ‘pañitos de agua tibia’. Inició su gobierno manifestando que había un déficit fiscal en nuestro municipio, cosa que no es cierta”, recalcó el corporado.
ARCAS DEL MUNICIPIO
De acuerdo con Pérez, aunque la administración actual insiste en que la anterior dejó el “caldero raspado”, cifras del superávit demuestran lo contrario. Esto lo expresa luego de solicitar un derecho de petición donde aseguró que existe un total de $29.815.401.939 con el que cuenta el alcalde Mello Castro para sortear varios sectores requeridos por la sociedad.
No dejes de leer: Herida letal sobre las finanzas del Cesar: ¿habrá recuperación?
Cabe anotar que el superávit constituye la diferencia positiva de los ingresos sobre los gastos en una organización durante un período determinado.
En la misiva donde el secretario de Hacienda de Valledupar, Carlos Alfonso Araújo Castro, le responde a Pérezse evidencia que habría disponibles $927.412.749 para seguridad, $46.842.719 para la sobretasa bomberil, $2.744.065 para cultura, $2.619.138 para deporte, $2.305.215.299 para sobretasa al medio ambiente, $307.151.772 para estampilla pro universidad, $103.724.333 para fondo de Gestión del Riesgo, entre otros conceptos.
De acuerdo al concejal denunciante, mediante derecho de petición solicitó certificación del superávit vigencia 2019 y la sorpresa fue qué existe un superávit de casi 30 mil millones de pesos.
“Hoy le estamos solicitando al alcalde que la ejecución de estos vayan dirigidos en inversión social para que sectores como la salud, emprendimiento, Mipymes, vendedores informales, mayor cobertura en seguridad alimentaria y comunidad vulnerable puedan verse beneficiados con ayudas. Si bien es cierto que los recursos del superávit tienen destinación específica hoy los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno nacional le permiten reorientar los recursos y hacer traslados presupuestales, lo que agiliza la inversión pública”, argumentó.
Te puede interesar: Gobierno amplía aislamiento preventivo hasta el 1 de julio
VOZ DEL MUNICIPIO
Al respecto, Araújo Castro explicó que el cierre financiero comprende un acto administrativo donde se establecen las cuentas por pagar, las reservas de carácter adicional y un análisis de cada rubro para determinar en cuál hay déficit y en cuál hay superávit.
“No es una bolsa única, donde se pueda decir que hay rubro por rubro y es confrontar los compromisos que hay al 31 de diciembre causados con los saldos que hay en cada uno de los bancos para determinar si lo que hay en las entidades financieras permite suplir compromisos suscriptos a través de contratos o actos administrativos”, acotó.
Agregó: “En el caso de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, ICLD, se encontró un déficit fiscal, en razón a que los compromisos fueron mayores a los saldos existentes. En otras cuentas hubo u superávit, pero hay que mirar rubro por rubro. Hay un déficit fiscal de $4.814.234.212, lo que significa que hay unos compromisos de la administración que no tienen con qué pagarse”.
POR: ANNNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN annelise.barriga@elpilon.com.co