Luego de una larga batalla jurídica que tardó décadas, 15 familias campesinas que fueron desplazadas por paramilitares de la Hacienda Bellacruz, ubicada al sur del departamento del Cesar, recuperaron ayer su derecho a reclamar la adjudicación de dos mil hectáreas de tierra que pertenecían al empresario Germán Efromovich, propietario de Avianca.
Las familias que fueron víctimas del desplazamiento forzoso recibieron con regocijo la noticia puesto que la Corte Constitucional decidió devolverles los predios donde actualmente funciona una empresa de palma, luego de percatarse de que en realidad la batalla era sobre tierras baldías que según las leyes, pertenecen al Estado y por tanto, deben ser restituidas a los campesinos en altos estados de pobreza que no tienen acceso a la tierra.
“Llevábamos 30 años esperando que nos devolvieran los terrenos baldíos de la hacienda Bellacruz, empezamos en esto jóvenes y ya estamos llegando casi a la tercera edad, pero estamos muy contentos. Con esa decisión que tomó la Corte dentro de la tutela de Asocol, creo que si vamos a lograr ese objetivo que teníamos desde el principio. Ya aquí no se nos puede negar la entrega de una unidad agrícola familiar, porque la peleamos y muy duro, a nivel administrativo y judicial”, expresó a EL PILÓN el representante legal de la Asociación Colombiana de Horizonte de familias desplazadas, Asocol, Fredy Antonio Rodríguez Corrales.
Según Rodríguez Corrales, para lograr el importante avance en la restitución de los terrenos de la hacienda ubicada en el municipio de La Gloria, al sur del Cesar, los reclamantes pasaron por un proceso jurídico de tres décadas, en las que acudieron al Incoder, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía Segunda Especializada de Bogotá, la Fiscalía de Justicia y Paz, entre otras instancias.
“Nos faltaba la Corte y pensamos que teníamos que llegar hasta las últimas instancias y con alegría nos acogemos al fallo”, enfatizó el representante.
El fallo
La Sala Plena de la Corte Constitucional de la Nación falló a favor de la tutela interpuesta por la Asociación Colombiana Horizonte de Población Desplazada (Asocol) tras una sesión que arrojó seis votos contra uno.
En la acción legal adelantada por los afectados, se demandaba que un aproximado de dos mil hectáreas de la hacienda Bellacruz, propiedad inicial de la familia Marulanda Ramírez y hoy conocida como La Gloria, fuera decretada como terrenos baldíos de su propiedad, basados en las muchas décadas de trabajo dedicado por parte de los campesinos.
Pero en febrero y octubre del 2015, el Incoder tumbó cuatro resoluciones emitidas entre el 2011 y el 2013, que habían decretado que la antigua hacienda era un predio baldío indebidamente ocupado por privados, declarando que Bellacruz era un predio de propiedad privada, comprada legalmente desde hacía más de seis años por el titular de Avianca, German Efromovich.
Sin embargo, el alto tribunal anuló las resoluciones del Incoder 334 del 19 de febrero del 2015 y 5659 del 14 de octubre del 2015 y ordenó que se continúe con el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, dándole la razón a las víctimas.
Así las cosas, la decisión de la Corte ordena a la Superintendencia de Notariado y Registro que cancele los registros de propiedad de las empresa palmera MR Inversiones SAS y a su vez, le pide a la Agencia Nacional de Tierras iniciar las acciones de identificación de los solicitantes, establecer cuáles de ellos cumplen con requisitos para ser beneficiarios de adjudicación e iniciar el proceso de la división material de los predios como Unidades Agrícolas Familiares, en un proceso que debe terminar en máximo un año.
La historia
Semana.com publicó que “La historia empieza cuando la familia del excanciller Carlos Arturo Marulanda Ramírez llegó a esos predios, que comprendían los municipios de La Gloria, San Pelayo y demás. En los años 90 campesinos buscaban ocupar terrenos baldíos que hacían parte de la misma zona, pero se enfrentaron a los intereses de la familia Marulanda.
En 1996 las 200 personas de las 15 familias campesinas que habitaban los terrenos en disputa fueron desplazadas por paramilitares del frente Héctor Julio Peinado Becerra, lo que sembró serias dudas sobre la manera en que la contraparte estaba ejerciendo el derecho a defender la propiedad.
Diecinueve años después, cuando los campesinos trataron de retornar a través de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno (Asocadar), se encontraron con que los terrenos habían sido cedidos a una empresa palmera de Germán Efromovich.
Desde entonces, la pelea de los campesinos empezó a librarse ante el Incoder, pues esa institución, después de proferir algunas decisiones administrativas favorables a las comunidades, terminó reconociendo los derechos de titularidad de la empresa del dueño de Avianca.
De ahí la acción de tutela que fue escogida para revisión por la Corte Constitucional, en la que los desplazados reclamaban que se anulara lo decidido por el Incoder y se ordenara la recuperación de las 2.000 hectáreas para ser adjudicadas nuevamente a los campesinos sin tierra”.
La Corte le halló la razón a los desplazados y ordenó recuperar esos terrenos, al encontrar que se trataba de tierras baldías que deben ser entregadas a familias campesinas pobres que no tengan acceso a la tierra.
Por Daniela Marbello / EL PILÓN
danielamarbello@hotmail.com