Todos los años para esta época suelo escribir sobre el mismo tema. Las iniciativas o proyectos de Ley que me gustaría ver tramitándose en el Congreso de la República, para mejorar la productividad y competitividad de nuestro sector agropecuario.
Ese sentimiento optimista que siempre me acompaña, me hace aplazar cada año ese sueño que mantengo despierto. Pero como dice el refrán: “La esperanza es lo último que se pierde”, y esperaré confiado un año más de que, en esta última legislatura del gobierno Duque, las cosas se puedan dar. Aunque a veces pienso que es más factible ganarme el baloto ya que en época pre-electoral los congresistas y el Gobierno estarán más concentrados en los temas urgentes que en los temas importantes.
Honestamente, guardaba la esperanza que en estos cuatro años de periodos legislativos se cambiarían muchas normas, leyes, instrumentos y programas de ayudas que no están ayudando al sector agropecuario; que se crearían nuevos esquemas y programas que ayudaran a eliminar la ineficiencia de los productores del campo; que tendríamos asegurados los recursos de inversión para construir las vías y puentes para conectar las principales zonas productivas del país con los puertos y ciudades capitales; que se garantizaría el 100 % de la seguridad jurídica de los predios rurales; que crearía un verdadero Banco de Desarrollo Agroindustrial y se cortara ese hilo de coadministración política sobre la institucionalidad pública al servicio del sector agropecuario.
Desde hace unos años atrás he venido proponiendo al Gobierno y al Congreso crear, por ejemplo, el Sistema Nacional de Presas y Canales de Riego para orientar mejor la política pública sobre el uso y manejo del agua y fomentar la inversión en esquemas de riego rural para aumentar la productividad agrícola, ganadera y forestal, disminuir el riesgo de los productores ante el cambio climático y garantizar la renta de los agronegocios.
De igual manera, planteé crear un Fondo de Fomento Forestal, para recaudar y administrar los recursos del impuesto de carbono ($15.600 por tonelada) que hoy paga el sector de hidrocarburos al Ministerio de Hacienda por emisión de gases de efecto invernadero y destinarlos al pago de bonos de carbonos a agricultores y ganaderos que reforesten sus fincas. Hasta, propuse el trámite de una ley que exija a los productores del campo cultivar el 5% de sus fincas con flores del campo para las abejas o árboles para mejorar la biodiversidad.
Con respecto al servicio de asistencia técnica gratuita a pequeños productores del campo, presenté una propuesta para reemplazar las ineficientes Umatas municipales, por unos Centros de Emprendimiento Rural Municipales, integrados por un equipo de funcionarios de Agrosavia, ICA, Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Sena Rural y Finagro, bajo la sombrilla del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En materia de política de financiamiento y riesgos agropecuarios he insistido varias veces en replantear el distorsionado Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y el Sistema de Seguros Agrarios, en el sentido de realizar una subasta pública del 49 % de las acciones del Banco Agrario a las entidades financieras privadas que quieran apostarle a financiar el sector agropecuario. Continuará….