Desde que se aprobó el Tratado con los EE.UU. han sido muchas las personas extraditadas por solicitud del gobierno estadounidense, a efectos de que respondan por delitos de tráfico de estupefacientes y/o lavado de activos. Solamente en los dos mandatos de Uribe Vélez, fueron extraditados más de dos mil colombianos.
La estrategia del Tratado para perseguir el delito del narcotráfico allende las fronteras, resultó en principio una herramienta eficaz y temida por los capos colombianos, al grado que Pablo Escobar que llegó a expresar que prefería una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos.
No obstante, la situación ha cambiado radicalmente, pues de las severas penas impuestas por la justicia norteamericana, se ha llegado a “penas blandas” con beneficios que en el pasado hubieran sido impensables.
A ello se le suma los errores garrafales cometidos por la justicia norteamericana al momento de solicitar al indiciado, pues como se recordará, primero fue el señor Ariel Josué Martinez, un humilde carpintero oriundo de San Vicente del Caguán, capturado en medio de un operativo policial cinematográfico, quien después de estar seis meses en la cárcel La Picota, se estableció por parte de los EE.UU. que se trataba de un error.
Eso sí, se aclara que nunca recibió una disculpa. La historia parece repetirse, esta vez se trata de Roque Caballero Caballero un humilde pimpinero que es solicitado en extradición, acusado presuntamente de pertenecer a una “poderosa red de narcotraficantes”. Lo curioso es que actualmente el indiciado vive en un sector estrato uno, y debe dos meses de arriendo. Todo parece indicar que se trata de otra infortunada equivocación.
Pero a diferencia de lo ocurrido con Ariel Josué Martinez, en esta oportunidad la Corte Suprema de Justicia solicitó a los EE.UU. revisar el caso de este cucuteño, pues es obvio que se trata de un humilde pimpinero, y no del peligroso narcotraficante que ellos buscan.
A la justicia estadounidense parece importarle muy poco, la suerte de estos desdichados compatriotas y la de sus familias, víctimas de las ligerezas cometidas por quienes tramitan estos asuntos, haciéndose necesario evaluar con la mayor objetividad y rigor, el tema de la extradición de colombianos a los Estados Unidos, pues sí en principio se vio como una salida al problema del narcoterrorismo, hoy está muy lejos de ser tenida como una herramienta efectiva para combatir los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y narcotráfico.