X

La toma del Palacio de Justicia, entre verdades a medias y pactos de silencio

Mientras escribía esta columna, se conmemoraba un año más de aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, es decir 37 años desde aquel fatídico momento en el que un comando del grupo insurgente Movimiento 19 de Abril o M-19 como se le conocía por sus siglas, en un acto demencial se tomó a sangre y fuego las instalaciones del entonces Palacio de Justicia, ubicado en pleno corazón de la capital del país, el saldo de muertos fue: 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente el Dr. Alfonso Reyes Echandía, 20 funcionarios del palacio entre magistrados, auxiliares y abogados asistentes, seis empleados de la planta administrativa y cinco de la cafetería sin contar los miembros de la policía, ejército y civiles.

Los que no habían nacido para ese año o apenas estaban en brazos, hoy son padres de familia, profesionales, incluso jueces, militares, abogados o de otra profesión que se han enterado de esta historia a través de informes que se han producido sobre el hecho, varias series de televisión o documentales extraordinarios, pero con un ingrediente principal en la mayoría de los casos y es la de contar una parte de la historia y responsabilizar a la otra como la narrada por la serie ‘Escobar, El Patrón del Mal’, la cual es una extraordinaria producción que si bien cuenta con lujo de detalles algunos aspectos de la historia del narcotráfico y de la violencia de los ochentas y noventas y su infiltración a todas las instancias del poder del estado, omite muchas verdades sobre el mismo hecho. 

La realidad es que tanto la toma del palacio, por parte del M-19, es y será un acto demencial que merece la condena y el repudio de todos los colombianos, también el desproporcionado y también demencial acto de retoma del mismo con una fuerza de más de 3.800 unidades que incluyeron, vehículos, tanques, armas de guerra, explosivos, rockets, estos últimos causantes del incendio del edificio y el desenlace que terminó en una carnicería con el balance de muertos y desaparecidos que le costaron al estado colombiano una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre la cual debió pedir perdón públicamente.

Ni exmiembros del M-19 dicen la verdad sobre los motivos reales de su demencial acto, ni los militares que fueron investigados por estos mismos hechos, siendo los más relevantes los del general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada 13 y el coronel Alfonso Plazas Vega, Comandante de la Escuela de Caballería, inicialmente condenados por la justicia ordinaria. Para el caso del coronel Plazas Vega, este fue absuelto por la misma Corte Suprema, al igual que el general Arias Cabrales, quien pasó su caso a la jurisdicción especial para la Paz – JEP, puesto que no es cierto y está demostrado con hechos por la misma justicia que en el Palacio de Justicia no había ningún expediente por narcotráfico supuesto objetivo del comando armado.

Si lo que el grupo guerrillero pretendía era un supuesto “juicio político” al entonces presidente Belisario Betancourt, por incumplimientos al proceso de paz, ¿Qué responsabilidad tenían los magistrados de la Corte Suprema con ese supuesto incumplimiento? ¿Por qué los mandos militares se desconectaron de la autoridad del jefe del estado y asumieron el control total de la operación que terminó con la muerte de toda la planta de magistrados del máximo órgano de justicia del país? Es que por la vía de acusarse mutuamente se han obviado hasta los más evidentes hechos sucedidos durante esos dos fatídicos días y los subsiguientes, por ejemplo, la violación de todos los procedimientos de criminalística para el levantamiento de cadáveres, recolección de pruebas u ordenar lavar por completo con máquinas de bomberos los restos del edificio borrando pruebas claves para la investigación.

Esos dos días se convirtieron en uno de los mayores actos de ruptura del orden constitucional, se negó toda posibilidad de dialogar y evitar el holocausto del palacio y con ello la muerte de cientos de personas, pero ocho días después, precisamente un miércoles, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción borrando a todo un municipio y de paso sepultaba por completo lo ocurrido en la plaza de Bolívar, otra vez una tragedia reemplazaba a una peor que la anterior.

Categories: Columnista
Eloy Gutiérrez Anaya: