Desde que el economista Luis Alberto Monsalvo Gnecco incursionó en la política, siguiendo los pasos de varios miembros de su familia, logró escalar y alcanzar importantes cargos en el departamento. No obstante, después de casi 20 años de carrera política, como al pueblo creado por García Márquez, parece haber llegado ‘la mala hora’.
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Su segundo periodo como gobernador ha estado marcado por la polémica. El primer cuestionamiento llegó en marzo ante las presuntas irregularidades en la celebración de contratos dirigidos a mitigar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
La Procuraduría y la Fiscalía iniciaron procesos preliminares para investigar el actuar de su administración durante la celebración y ejecución de contratos, por ejemplo, en la adquisición de kits de alimentos por $2.645 millones con la Fundación Visión Caribe, Fundación para el Desarrollo Social de los Colombianos, Fubsocial, Fundación por un vivir mejor y Fundación Abiezer del Cesar.
El ente de control precisó que en una visita realizada el pasado 22 de abril por investigadores de la Regional Cesar “evidenciaron que las sedes de las fundaciones para el Desarrollo Social de los Colombianos, Visión Caribe, Por un Vivir Mejor, y Abiezer del Cesar, que tuvieron a su cargo la ejecución de cinco contratos para la entrega de 20.900 kits de mercado, estaban desocupadas o funcionan en casas de familia, situación que genera dudas respecto a la capacidad de estos proveedores para ejecutar los negocios jurídicos”.
Para el ente de control posiblemente hubo un posible sobrecosto en la adquisición de los mercados e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas.
Al respecto, el mandatario en su momento aseguró haber actuado con transparencia durante la contratación. “Es preferible pecar por acción que por omisión; que me califiquen por lo que hago y no por lo que deje de hacer. Tengan la certeza de que nosotros hemos actuado con transparencia“, dijo.
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Según la Fiscalía, en total serían seis las indagaciones preliminares en su contra, de 37 contratos colocados en alerta por supuestos sobrecostos.
No obstante, este jueves el gobernador sufrió una de las mayores tormentas de su carrera política al ser declarado culpable del delito de corrupción al sufragante por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Si bien es cierto que todo no está dicho y aún tiene una oportunidad con la apelación que anunció que impondría sobre la sentencia que proferirán el próximo 27 de julio, ese día la Corte Suprema también podría enviarlo a prisión.
LAS PRUEBAS
EL PILÓN conoció que fueron 13 las estipulaciones probatorias que hizo valer la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, representada por Javier Cárdenas.
Entre esas hay un video de 3 minutos con 37 segundos en el que se refleja el momento en que Luis Alberto Monsalvo siendo candidato a la Gobernación para el periodo 2012-2016, visitó y realizó actividades proselitistas en el sector de Tierra Prometida. En el material audiovisual se observa que Monsalvo firma un documento y la comunidad comienza a entregarle mensajes de apoyo.
Otra prueba fue un oficio suscrito por el gobernador el 28 de junio de 2012, dirigido a Germán Vargas Lleras, para que en su condición de ministro de Vivienda viera la presentación de un proyecto de inmuebles. Según la Fiscalía, este documento fue presentado luego que los habitantes de Tierra Prometida realizaran una marcha en contra de un desalojo programado por la Alcaldía y en la que comenzaron a exigirle al mandatario que cumpliera el pacto de campaña.
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Por consecuente, otra estipulación es el oficio con fecha del 16 de octubre de 2011 mediante el cual se habría consolidado el pacto entre Monsalvo y los líderes que integraban la junta directiva de Tierra Prometida de Valledupar.
Además existe un audio de una reunión del 2 de junio de 2012 donde el abogado Orlando Díaz Rojas expresa a los habitantes de Tierra Prometida lo siguiente: “Al gobernador ustedes le dieron el voto y hoy está haciendo todas las diligencias pertinentes para sacarlos de aquí… Él se comprometió con ustedes a darle una vivienda digna y hay un documento escrito, que él dijo que no haría nada en contra de ustedes”.
De igual manera durante el juicio declararon los líderes Martha Fabiola Figueroa Fernández, Carlos Adolfo Fernández Díaz, Orlando Eliécer Granados Sanguino y el exalcalde Freddy Socarrás Reales, entre otros.
“Con ese material la Fiscalía demostró que Monsalvo Gnecco se aprovechó de las necesidades de las comunidades vulnerables y pactó para permitir que una acción contraria a la ley se prolongara para asegurar votos. Esta actuación más allá de ser un acto político de campaña fue corrupción al sufragante”, afirmó Gabriel Jaimes, coordinador de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
OTROS CONDENADOS
El departamento del Cesar al igual que otras regiones del país se ha caracterizado por tener en la arena política clanes que por generaciones se han heredado el control político mediante la elección popular, por supuesto, bajo cuestionamientos por prácticas políticas ilegales y cercanía con grupos armados. Incluso, varios han sido condenados durante o después de su periodo gubernamental.
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Es el caso de Hernando Molina Araujo, gobernador entre el periodo 2005- 2007; Mauricio Pimiento, mandatario entre los años 1995-1997 y Lucas Segundo Gnecco Cerchar, quien fue dos veces gobernador: uno en el periodo 1992-1995 y otro en 1998-2002.
Este último es tío del actual mandatario de los cesarenses y fue procesado por los delitos prevaricato y celebración indebida de contratos.