Esta esquina
Por Hernán Araujo Ariza
Consciente como soy, de ser parte de una corporación de elección popular, y que por tanto, no puede ser ajena al escrutinio público y la rendición de cuentas; me dispongo en esta columna a dejar clara mi posición con respecto de la Ley 550.
Desde que la administración solicitó al Concejo, las facultades para suscribir un acuerdo de reestructuración de pasivos, en el marco de la Ley 550, empezó una cadena de comentarios a favor y en contra de la iniciativa.
Empezaron entonces las críticas, muchas fundadas en el desconocimiento del tema, y otras válidas para revisar. Conociendo la dimensión del reto, propuse se hiciera un foro abierto a todos los interesados, para poder analizar detalles y despejar dudas. Finalmente se abrió el espacio en el recinto de sesiones, y pese a haber cursado más de 60 invitaciones a gremios, medios de comunicación, ex alcaldes, y demás; pocos fueron los que acogieron nuestro llamado. Sin embargo, el espacio se dio y provechoso fue. Así a algunos miembros de la administración no les haya gustado.
La idea del foro era poner sobre la mesa todas las cartas, y que luego de discutir pros y contras de cada una, escogiéramos la mejor; fuera la Ley 550 o cualquier otra. Esa tarea no la hizo el Secretario de Hacienda ante el Concejo, nunca; pues siempre el Plan A, B y C fue el mismo.
Ahora, el que la administración no haya hecho el trabajo juicioso de ventilar todas las opciones, no impedía que cualquier persona lo pudiera hacer. Por eso nos tomamos el trabajo de averiguar donde fuera, sobre las implicaciones que tendría esta iniciativa. Por eso, algunos concejales asistimos a un seminario con un asesor externo del Ministerio de Hacienda que ha estado ligado a los procesos de reestructuración de Barranquilla y Valle, que ya están inmersos en Ley 550.
Entonces, no se puede salir a decir alegremente que no se hizo la tarea de manera responsable. No podemos caer en el error o la pretensión de descalificar los argumentos de una decisión, sólo porque no la comparto.
Ahora, concluir que la Ley 550 es una solución favorable para la situación actual del municipio; no me hace partidario de muchos de los argumentos que la administración usó en la defensa de este proyecto. Por eso manifesté de manera tajante, que era irresponsable hablar de opositores a la inversión social, plantear una falsa disyuntiva entre decencia e indecencia, o suponer que si alguien se oponía era porque tenía alguna relación con los acreedores; como lo señaló la administración en varias ocasiones. Ni la inversión social, ni la decencia tenían nada que ver con el voto positivo o negativo a este proyecto. Y suponer alguna relación entre concejales y acreedores, es cuando menos, temerario.
Al extremo de satanizar el voto positivo o negativo en una corporación de estas, es al punto que no podemos llegar; pues sólo esas dos opciones tenemos a la hora de votar.
Sobre el oneroso empréstito de los $36 mil millones, toca decir que la administración se afincó mucho allí, para sustentar la necesidad de la Ley 550. Un error, toda vez que aun hoy no hay claridad sobre si es posible incluirlo o no en la reestructuración. Pero que no haya claridad no implica que definitivamente NO se pueda. En unos meses sabremos.
Ahora, si definitivamente no entra en la reestructuración, ¿es necesaria de todas maneras la Ley 550? En mi opinión, sí. Esta ley ordena suspender los embargos, que son el verdadero dolor de cabeza de la planeación; permite renegociar la deuda; ordena una reestructuración organizacional del municipio en procura de la austeridad en el gasto, casi que anula la contratación por prestación de servicios; en caso de necesitar nuevos créditos -que seguro vendrán- es el Ministerio de Hacienda quien estaría respaldándolos; y también exige, en etapas posteriores al inicio, el aumento del recaudo.
Por todo lo expuesto anteriormente, mi voto fue positivo. Pues la Ley 550 puede ser una solución drástica y a varios años, pero también es amplia y suficiente. Y con una buena implementación, podemos salir a flote.
De aquí en adelante, el éxito de esta ruta depende del Alcalde Freddys Socarrás y su equipo, porque tampoco es menos cierto que un acuerdo de Ley 550 se puede caer en cualquier momento por faltar a alguno de los compromisos pactados. El Concejo cumplió dando las facultades, para que no se acuda entonces a decir que la solución era esa y que la corporación se opuso.
MI ÚLTIMA PALABRA: Sin espacio.
Twitter: @pipearaujoariza
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