En la continuidad de los debates de control, el Concejo de Valledupar citó este martes a varios funcionarios de la administración de Valledupar para que rindieran explicaciones sobre la polémica dación en pago ejecutada entre la Alcaldía de Valledupar y la firma Lascano Morales & Hijos.
El encargado de dirigir el debate fue el concejal Jhon Díaz Carpio, quien cuestionó la figura utilizada por los funcionarios concluyendo que en realidad lo que se hizo fue una compraventa que no benefició los intereses públicos.
La dación de pago se dio el ocho de noviembre de 2016 entre el Municipio de Valledupar, representado por el mandatario, y la firma Lascano Morales & Hijos. En la Notaría Segunda de Valledupar quedó registro del contrato de dación con el que Lascano Morales & Hijos dieron escritura pública al Municipio de dos lotes a cambio de saldar la deuda de $993 millones por concepto de impuesto predial.
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¿EN QUÉ CONSISTIÓ LA COMPRA?
Luego de la dación de pago, la firma saldó la deuda y los intereses del impuesto predial, pero ahora fue el Municipio el que quedó en deuda. El valor de los inmuebles transferidos por título de dación es de $19.935 millones, determinado según el avalúo que se practicaron.
Por eso surgió un saldo a favor de $18.942 millones en favor de la sociedad Lascano Morales & Hijos. Por eso, en su momento la Procuraduría inicio una investigación para conocer cómo el Municipio pasó de la firma de un contrato con Lascano Morales & hijos por $19.000 millones de pesos, valor al que se le debían descontar $990 millones por concepto de impuestos adeudados al Municipio, a ser titular de una deuda multimillonaria.
Y este martes, el contralor municipal encargado, Edwin Girón, señaló que la investigación a los funcionarios por esta figura, “no ha sido archivada”.
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“Si sobrevienen pruebas que permitan reaperturar el proceso, así será. Recuerden que estamos en un proceso administrativo, no judicial. Desde ese punto de vista fue sano, cuando a principios de este año, analizamos los vacíos que se presentaron en ese tema (dación en pago). Nuestra obligación como órganos de control es cumplir con el principio de la moralidad pública. En ese sentido, nosotros pudimos analizar y requisar qué estaba pasando. Son muchas cosas las que debemos hacer (solamente contamos con cinco auditores). Este fue un tema que nos obligó a recaudar pruebas durante mucho tiempo. Insisto aquí no hay un auto de archivo. Eso es falso. Los invito a la Contraloría a ver si existe ese archivo. Eso sigue profundizándose en temas de pruebas y recaudando para tomar las decisiones que deben tomarse”, dijo en el Concejo el contralor, quien fue cuestionado por la presunta falta de resultados y negligencia del ente de control.
Por otro lado, el jefe de la entidad de control reconoció que habían sido objetos de una auditoría express por parte de la Auditoría General de la República por el caso de la dación en pago. En la auditoría se ecomendó iniciar una actuación especial profundizando los temas que ya se habían tratado en la dación en pago.
“Lo importante es que conozcan lo que realmente está pasando. Aquí no se ha archivado la investigación, se sigue trabajando sobre una situación muy compleja. No creo que esto termine en un simple archivo”, concluyó el contralor.
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POR: DEIVIS CARO DAZA / EL PILÓN