Es de tal magnitud la importancia que viene adquiriendo el sector minero en Colombia, y los riesgos que ello implica, que la Iglesia Católica dedicó una buena parte de la Asamblea Episcopal, realizada por estos días, uno de sus máximos eventos, a esta importante problemática.
En efecto, la economía colombiana viene cambiando seriamente su perfil; el sector petrolero, el carbón y el oro, entre otros, cada vez adquieren mayor importancia y tienen características que la ubican por encima de la industria y la agricultura, y esto implica grandes y nuevos retos en materia de políticas públicas, tanto las económicas, como en el área social y ambiental.
Esa es una riqueza enorme, hoy bien remunerada en los mercados internacionales, pero con un alto costo de oportunidad, es decir, su explotación debe hacerse pronto ya que es muy probable que, en pocos años, ante el descubrimiento y el uso de nuevos fuentes de energía, estos recursos puedan bajar o perder mucho de su valor.
La Iglesia Católica reconoce la importancia de esta industria, la energética y minera, y de los aportes que las mismas pueden dar a la economía, al progreso y al desarrollo del país este sector, patrimonio de la sociedad colombiana y de sus comunidades.
Los obispos se declaran convencidos de que si estas industrias actúan con responsabilidad social, ambiental y de cara a las comunidades, serán un factor positivo de desarrollo humano; pero si, por el contrario, sólo buscan el lucro económico como único objetivo, dejarán una estela de dilapidación y muerte en todo el país, como ha sucedido en otras partes del mundo que han vivido procesos económicos similares.
La Jerarquía Católica es consciente de la angustiosa situación que hoy padecen miles de colombianos, que viven en las poblaciones donde se adelantan estas explotaciones y están dispuestos a acompañarlos a buscarle solución a las mismas, sin desconocer que esta es una responsabilidad central del Estado.
Las palabras de la Iglesia Católica deben ser escuchadas con atención por todo el país, principalmente por el gobierno nacional, las mismas empresas mineras y los gobiernos territoriales, que tienen la obligación constitucional y legal de velar por que este cambio en la economía colombiana, se haga de manera cuidadosa, con responsabilidad con el medio ambiente, con sensibilidad social y teniendo en cuenta el interés general y el progreso de las comunidades donde se desarrollan estos proyectos.
En este sentido, hay que advertir que son pocas las empresas mineras que han sido respetuosas de las normas y del cumplimiento de los planes encaminados a atenuar el impacto ambiental, igualmente las que han asumido una actitud de responsabilidad social con las comunidades donde actúan. En algunos casos, que ojalá sean la minoría, se ha presentado una explotación de enclave, como bien lo reconoce y advierte la Iglesia Católica, agresiva con el medio ambiente y poco atenta a las necesidades de la gente de las zonas productoras.
Sobre este tema tan complejo y preocupante, que toca tantos intereses y en el que se mueven miles de millones de dólares, es necesario que el Estado establezca unas nuevas reglas de juego, claras, radicales y realistas, para que esta explotación, se haga de cara a las regiones y a las comunidades donde están los recursos, y que son las que primero padecen las externalidades de la explotación de los mismos.