El pronunciamiento de la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramírez, al decir que “la Universidad Popular del Cesar es una de las peores universidades públicas”, causó descontento en las directivas del claustro universitario.
En primer lugar el rector Jesualdo Hernández Mieles asegura que si bien la UPC no tiene programas acreditados como de alta calidad, para hacerlo se debe cumplir con tres condiciones mínimas como son: registros calificados, acreditación por alta calidad de programas y acreditación institucional, que durante su mandato los han estructurado para conseguirlos hacia el 2017.
La Viceministra de Educación Superior aseguró que “la universidad no tiene ni un solo programa acreditado, no tiene un programa en vísperas de ser de alta calidad, al contrario, los testimonios que hemos recogido es que en mucho tiempo, a pesar de que hoy tiene los registros calificados, ha perdido prestigio en algunas carreras”.
Esta declaración para Hernández Mieles hace “un daño a la universidad”, porque “ningún padre que quiera lo mejor para su hijo lo matriculará en la UPC”. Resaltó que el Gobierno Nacional está pidiendo aumento de cobertura, pero con ese mensaje de Natalia Ariza “se puede ver que ella (Viceministra) no conoce que el 19 de diciembre de 2014 nos propusimos trabajar armónicamente por la acreditación de las universidades públicas de la Costa con la Universidad de Cartagena”.
Agregó que están en ese proceso. “La calidad cuesta y se necesita dinero, presupuesto, al Gobierno Nacional se le olvida que nosotros recibimos el valor per cápita más bajo por estudiante”, declaró Hernández Mieles.
Para el rector que entregará el cargo este 7 de julio, existían problemas para abrir el segundo semestre en la Universidad Popular del Cesar, por eso envió comunicación al Ministerio de Educación poniendo en contexto el hecho y solicitando una cifra que ayude a mantener el alma máter en funcionamiento.
El vicerrector académico de la UPC, Raúl Bermúdez, explicó que la acreditación es el acto por medio del cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento sobre la calidad de los programas académicos y las instituciones de educación superior, sobre su organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social.
“Nosotros encontramos en Aguachica cuatro programas sin registro calificado, que es la acreditación mínima de un programa, para Valledupar teníamos dos sin registro y varios a punto de vencerse, que fue el caso de sociológica, comercio y derecho”, aseguró Bermúdez.
Indicó que a la administración le tocaba recuperar los registros calificados y renovar los vencidos, que tenían un atraso en los procesos de autoevaluación y aplicación de planes de mejoramiento. “Hoy podemos decir que todos los programas de pregrado de la universidad tienen programa certificado por siete años, además logramos otra alternativa como fue psicología”.
En el plan de gobierno de Jesualdo Hernández Mieles aparecen unas metas como la acreditación de programas, pasando de 22 en 2014 a 35 en el 2018.
“Lo que dice la viceministra está fuera de contexto, en el sentido de que ella hizo caso omiso de unas condiciones específicas en las que nos ha tocado desenvolvernos; la universidad estaba abocada al cierre de sus programas sino tenían registros calificados y nosotros lo hicimos. Aquí está planeado y es que a finales del año 2017 debemos tener acreditados los programas exigidos, que es un 25 % de los programas”, resaltó el vicerrector académico.
Por Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
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