El jueves más de 200 miembros del resguardo kankuamo del corregimiento La Mina se asentaron alrededor del rudimentario portón de madera que está ubicado a la entrada de dicho territorio para manifestar a través de danzas y ritos culturales su desacuerdo con el retiro del puesto de control indígena que es llamado por ellos como ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’.
A pies descalzos y tocando instrumentos tradicionales, los kankuamos bailaron alrededor del retén que estuvo abierto como una muestra pacífica de rechazo a la orden de desmontaje que la Secretaría de Gobierno Municipal emitió el pasado lunes, luego de una reunión en el corregimiento de Patillal con la comunidad de ese territorio, Atánquez, Chemesquemena y el delegado del viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos, Carlos Baena López, entre otros funcionarios.
De acuerdo con el cabildo gobernador Jaime Arias, el resguardo kankuamo se ha declarado en asamblea permanente hasta que las autoridades municipales no les otorguen el tiempo que pidieron para evaluar los parámetros sobre los cuales se rige la permanencia del ‘Espacio de Regulación y Armonización Territorial’.
En ese sentido, explicó que el resguardo tuvo la potestad de instaurar el puesto de control porque en sus leyes está establecido que ellos pueden crear un espacio para “rendirle tributo a la madre tierra y proteger el medio ambiente”.
“La administración municipal ordenó que se levantara de manera voluntaria el espacio de regulación o se retiraría por la fuerza. Estamos en completo desacuerdo con esa decisión porque nosotros presentamos una solicitud de postergación del tiempo en el que se toma la decisión, pero no fue contestada. Por eso requerimos un espacio de diálogo para llegar a unos acuerdos, y si no nos responden acudiremos a organismo internacionales”, manifestó Arias.
En ese orden de ideas, aseveró que el jueves 4 de noviembre emitieron una nueva solicitud de emergencia a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que intervengan ante cualquier situación que viole sus derechos. Señaló que si el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, llega al lugar para retirar el portón no se entrarán en confrontaciones con la fuerza pública.
¿El PUESTO DE CONTROL ESTÁ EN EL RESGUARDO?
Uno de los alegatos de las comunidades vecinas para el desmonte del portón es que se encuentra fuera del resguardo kankuamo de La Mina. Al respecto, Arias afirmó que el espacio de armonización está dentro de la jurisdicción del resguardo porque así lo establece la constitución geográfica de ese territorio, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, y los registros que demuestran que el puesto de control está dentro de la ‘Línea Negra’.
“La diferencia sobre los límites con Patillal no es un asunto que nos corresponde, eso le compete al Estado y a las entidades judiciales. Nosotros desde el principio hemos planteado que no hay ninguna limitación para la movilización de la comunidad de Patillal”, argumentó Arias.
¿EL COBRO PARA EL INGRESO CESARÁ?
Sobre el cobro de dinero para ingresar a La Mina, el cabildo gobernador comentó que durante la asamblea analizaron que lo anterior es una de las razones que está causando molestias, por lo que están considerando buscar con la ayuda de las autoridades nacionales otro mecanismo para cumplir con la protección ambiental, sanitaria, de salud y de orden que estaban haciendo con el espacio de armonización.
En ese sentido, aseveró que como no han obtenido respuesta del orden nacional están viendo la posibilidad de suspender el recaudo de $4.000 por vehículo pequeño y de mayor tamaño $7.000 “para que sea un ejercicio voluntario”.
Explicó que aunque consideran suspender esa actividad deben puntualizar que este sistema de contribución propio está “establecido en el Congreso y que de hecho, tiene un reconocimiento en el Artículo 330 de la Constitución, en el que se precisa que los resguardos indígenas pueden establecer tributos”.
“Aunque hay vacíos en la reglamentación se debe dejar en claro que es una facultad que le da el Gobierno a los resguardos. Estamos prestos a llegar a unos acuerdos siempre que haya garantías, pero no estamos dispuestos a dejar ese derecho legítimo constitucional de regulación y control territorial”, agregó Arias.
Namieh Baute Barrios / EL PILÓN