En el departamento del Cesar hay más de una decena de funcionarios investigados penalmente por los presuntos malos manejos en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y cinco contratistas que ejecutan este programa que debe garantizar la comida a los niños que estudian en los colegios públicos del Cesar.
El PAE es un programa al que le invierten millonarios recursos porque es una estrategia para ayudar a los padres de familia que muchas veces no tienen para darles comida a sus hijos y por eso prefieren no mandarlos al colegio. Con el PAE van al colegio y allí mismo reciben la alimentación.
La semana pasada el país entero se alarmó porque en Bolívar los contratistas del Programa compraron pechugas de pollo a $ 40.000 y en otro departamento contrataron a una empresa que alquilaba maquinaria para que se encargara de suministrarles la alimentación a los menores.
Los datos de otras regiones producen indignación, pero aquí en el Cesar no nos escapamos de las irregularidades (presuntas) que por algo tienen en investigación al exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco; al gobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, y al alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez. (La Contraloría General dijo que el gobernador está vinculado a un proceso donde se investiga un detrimento patrimonial de $ 2.451 millones y el alcalde a un proceso por más de $ 740 millones; y ambos casos se investiga a la Fundación Acción Social Integral –ACSI”.
También está en la lista de investigados el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla; y el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza (en 2 procesos); el secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez (en 5 procesos), el secretario general del Departamento, Jaime Luis Fuentes Pumarejo (en 3 procesos); el secretario general de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga Zambrano; el secretario de Educación de Valledupar, Luis Carlos Matute De la Rosa (en 2 procesos); y el exsecretario de Educación Municipal de La Jagua de Ibirico, Daniel Emilio Argote; el exsecretario de Educación de Codazzi, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla (en 2 procesos); el exjefe de Planeación del municipio de Gamarra, Álvaro Alberto Clavijo Ramírez; y el funcionario de la Gobernación del Cesar Octavio Lofton Chica, en su calidad de supervisor de 3 contratos (y vinculado en igual número de procesos).
¿Es tan difícil ejecutar los recursos de alimentación escolar bien? ¿Por qué los exmandatarios y los mandatarios insistieron en contratar a las mismas personas, a pesar de que estaban señalados por presuntas irregularidades en la ejecución de otros programas? ¿Por qué pasó inadvertido que eran las mismas personas, agrupadas en razones sociales diferentes? Los niños del Cesar deben recibir la alimentación, esos dineros son para ellos, no para llenar los bolsillos de terceros.
La Contraloría General de la República prendió la alarma, está en su investigación fiscal, compulsó copias, y se esperará que al final, de manera justa, de resultados de estas. Pronto deberán contratar la vigencia 2018, ¿pasará lo mismo? Contratarán a los mismos (Fundación Kabala (tiene 2 procesos), Asociación de Manipuladores del Cesar (4), Fundación Gestión Empresarial de Servicios Sociales y Asistencia a la Comunicad –Sysdac, Corporación Gestión del Recurso Social Humano –GERS y Fundación Acción Social Integral –ACSI, antes Kabala (en 4 procesos), Corporación Corazón País (2), Fundación de Programas de Prevención Nutrición Provenir, Fundación Proveer Nuevo Milenio y Corporación Comunitaria para Apoyo Nutricional de Niños y Niñas).