El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en desarrollo de la política de vivienda del Gobierno Nacional, facilita el acceso a vivienda de interés social mediante el otorgamiento de Subsidio Familiar de Vivienda a las familias de poblaciones vulnerables, como desplazados, víctimas de actos terroristas o a personas afectadas por desastres naturales o calamidad.
Teniendo en cuenta lo anterior y según la Ley 1190 de 2008, año declarado por el Congreso de la República como promoción de los derechos de las personas desplazadas, que mediante su artículo 6, especifica que los desplazados tienen derecho a ser parte de proyectos de vivienda de interés social urbana o rural, donde el Estado sea el que asigne los recursos para su calificación y aprobación, personas vulnerables de Valledupar reclaman sus derechos.
Derechos que, según los afectados, son vulnerados por los entes territoriales, que a través de empresas contratistas inician proyectos de construcción sin terminación alguna, que dejan a los beneficiarios a la espera, alargando la agonía de no tener un techo digno y permitiendo que las viviendas a medias se conviertan en refugio de maleantes, consumidores de sustancias psicoactivas o escenario de citas amorosas.
Tal como sucede con las más de 40 casas que fueron iniciadas en su construcción en la segunda fase del proyecto habitacional Chiriquí, del que harán parte alrededor de 160 familias, donde después de cuatro años de espera para disfrutar de sus residencias y debido a lo tardía de la obra, los beneficiarios decidieron habitarlas sin servicios públicos, puertas, ventanas ni baños.
La decisión fue tomada luego de que los favorecidos (es decir, aquellos que tienen sus cartas cheques) conocieran que la empresa contratista no tenía los recursos necesarios para la terminación del proyecto, el que según Clemente Oñate, encargado de la obra, ha tenido sus ‘tropiezos’, por lo que su finalización se ha ido prolongando.
Por tal motivo, y ante la desesperante situación de ver inconclusos sus sueños, sumado al incremento anual de la tarifa de arriendo y el precio de alimentos, sin contar con el poco ingreso de los hogares, alrededor de 20 familias se instalaron desde el fin de semana pasado en las casas, que aún no han sido terminadas ni entregadas, y con pancartas anuncian que no las abandonarán.
“No somos invasores, simplemente reclamamos nuestros derechos como propietarios de estas viviendas, porque hasta el momento nos han irrespetado el derecho a viviendas dignas”, decía en las pancartas que están pegadas en las casas que sólo cuentan con techo y paredes.
Candelaria Madrid, quien lideró el proyecto Chiriquí, aseguró que desde el principio el proyecto ha presentado fallas porque “las primeras casas las entregaron a medias y después procedieron a arreglarlas y ahora faltan las demás.
De esta manera, recalca la falta de compromiso por parte de las autoridades municipales para hacer cumplir lo pactado para el beneficio de las personas vulnerables, porque al parecer -y porque a uno de sus hijos quien fue desalojado de los terrenos del Idema hace dos años y aún no ha sido reubicado- en otras partes de la ciudad esta situación es la misma y los vulnerables siguen esperanzados en las entregas de los proyectos habitacionales.
El proyecto
El proyecto habitacional Chiriquí se realiza en terrenos que son propiedad de Eduardo Callón y Clemente Oñate, quienes hicieron un convenio con Fonvisocial para construir unas viviendas con el fin de apoyar a la población vulnerable.
Para iniciar dichas obras el Fondo Nacional de Vivienda tenía que girar los recursos a la unión temporal, constituida por los propietarios para el inicio de la obra; pero, según Clemente Oñate, en vista de que no habían podido adquirir la póliza, en cierta ocasión iniciaron la construcción con 40 viviendas, pero debido a que no pudieron constituir la póliza detuvieron la edificación.
“Con el tiempo logramos conseguir con Cóndor la expedición de la póliza, por lo que constituimos encargo fiduciario para el giro de los recursos para continuar la obra, pero a la vista que la fiduciaria no vio que giraran los recursos de manera unilateral se suspendió”, afirmó Oñate.
Explicó que el mayor problema de la continuación de la obra es la póliza, que nadie daba, pero indicó que ya se comunicó con Fonvivienda para que permita la contraorden a la fiducia para regresar los recursos. “Ya estamos haciendo trámites con otra aseguradora para que garanticen el cumplimiento de la terminación de la construcción, la idea es terminar el proyecto en cuatro o cinco meses”.
Sin embargo, D’Angela Maestre, gerente de Fonvisocial, aseguró que en este mes se entregarían las 40 viviendas que están adelantadas en su construcción.
“Nos toca ponerle frente a estos proyectos que nos entregaron con algún tipo de inconvenientes, pero que se han podido rescatar y hoy están en ejecución y en pronta entrega para las familias beneficiadas”, explicó Maestre y agregó: “Tenemos una cita en Bogotá con el Ministerio de Vivienda, pero si Fonvivienda determina que a la fiducia no se regresa el dinero, nosotros buscaremos la forma de buscar recursos para terminar la obra y comprar contraescritura, lo que sí tengo claro es que no nos ha llegado un peso a nuestras cuentas”.
Fonvivienda solicitó devolución de subsidios
Pese a aparecer en la base de datos de personas que hacen parte del grupo poblacional con viviendas propias, la constructora, a través de la secretaria de la misma, aseguró que los beneficiarios no son dueños de las casas porque Fonvivienda solicitó la devolución de los subsidios.
Tardanza de entrega de viviendas los perjudicó
Gladys Martínez es madre soltera y responsable de cuidar y suministrarles a sus tres hijos, menores de edad, la alimentación necesaria. Ella se ayudaba económicamente con los subsidios que otorga el Gobierno Nacional a la población vulnerable; sin embargo y pese a su situación, desde hace dos años le ha tocado trabajar más duro para conseguir el dinero del sustento de sus pequeños, debido a que el Estado le quitó el beneficio por pertenecer al grupo de personas que serán beneficiadas con las viviendas del proyecto de Chiriquí.
“No sabemos dónde está el ‘chanchullo’, porque aquí nos dicen que las casas aún no son de uno porque no nos la han entregado y por otra parte me dejan de dar los beneficios porque ya tengo casa; ¡no tiene lógica!”, manifestó Martínez.
Sin embargo, funcionarios de la contratista aseguraron que “todas las personas que han ido hasta la oficina de la empresa encargada, a solicitar un certificado en el que conste que por causa de la no terminación de las casas, la entidad se las ha entregado a nombre de Acción Social, que les ha seguido entregando las ayudas”.
Por Merlin Duarte García/El Pilón