Para desenredar la madeja en que se había convertido la Ley de Restitución de Tierras en el Cesar, donde hay más de tres mil solicitudes de 190 mil hectáreas que al parecer están manos de quienes no son sus dueños, la Unidad de Tierras en esta región -incluyendo La Guajira- comenzó una estrategia de acercamiento con los líderes de tierras, campesinos y personas en general que hoy piden la restitución de sus derechos.
Es un paso importante después de terminar el 2013 con tantos enredos, retrasos y reclamos de parte de las víctimas, que si bien no va a resolver el problema de fondo, que es la devolución de las tierras en el corto plazo, si esclarece e informa de manera puntual a los reclamantes los tiempos y el estado de sus solicitudes.
Desde que inició la restitución de tierras, en el 2011, en el Cesar solo se han conocido 11 fallos de parte de los jueces y magistrados de tierras, los primeros en Valledupar y los segundos en Cartagena. Un numero bastante bajo, si se tiene en cuenta el alto número de reclamaciones. Es decir, solo 11 familias han vuelto legítimamente a sus parcelas que un día tuvieron que abandonar por culpa de la violencia de los grupos armados ilegales.
Es evidente entonces la lentitud el proceso. En dos años se esperaban unos mejores resultados. Si bien es cierto que la Unidad de Tierras ha encontrado algunos obstáculos en el camino, como la cantidad de parcelas situadas en zonas de reserva forestal, que curiosamente el antiguo Incora tituló olvidando ese pequeño detalle, no se justifica que la Ley 1448 de 2011 duerma el sueño de los justos.
Se conoció hace pocos días, tal como lo público el portal VerdadAbierta.com, que se esperan 94 fallos de restitución de tierras este año, y que todo el esfuerzo institucional será enfocado a seis zonas focalizadas que comprenden los municipios de Valledupar, San Diego, Codazzi, El Copey, Becerril y Curumani. Solo seis de los 25 municipios cesarenses. Los otros municipios están haciendo la fila para que también les atiendan sus solicitudes.
En este tema es importante la colaboración institucional en cada municipio. Las alcaldías y personerías no deben bajar la guardia ni un segundo, puesto que la restitución no es un problema que solo debe interesar al Gobierno Nacional. Las victimas están aquí en el Cesar, en cada municipio, corregimiento y vereda donde ocurrieron los despojos de tierras y los diferentes hechos victimizantes. Las Mesas de Victimas tanto las municipales como la Departamental deben ser veedoras naturales de estos procesos y la Mesa de Departamental de Tierras debe seguir con su papel cohesionador entre los reclamantes y las instituciones.