En cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, que el 16 de diciembre de 2011 ordenó el desalojo de 6.916 familias que habitan las invasiones Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de La Popa y Bello Horizonte, en el noroccidente de Valledupar, las autoridades iniciaron responsables iniciaron desde el año pasado la construcción de los albergues provisionales donde deben ser reubicados los invasores de esos terrenos que pertenecen al mayor (r) Alberto Pimienta Cotes.
Sin embargo, desde el pasado viernes, la Secretaría de Gobierno Municipal ha venido frustrando la invasión de las 870 unidades habitacionales que conforman el albergue, por parte de unas 30 personas que procedentes de otras zonas de Cesar y La Guajira.
Entre los invasores del albergue está Yuly Bertis Torres, que aseguró ser desplazada por la violencia y antes de llegar a los albergues en el sector de Francisco Javier, fue invasora en el barrio Bello Horizonte, también en el noroccidente de Valledupar, pero la desalojaron junto a otras familias el pasado 17 de febrero de los terrenos ubicados debajo de las redes de alta tensión de Transelca, por ser una zona de alto riesgo.
“Cuando a uno lo dejan en la calle, lo que uno busca es refugio”, así justificó Bertis Torres la invasión de los albergues en construcción.
Resulta curioso que fueron 50 familias las desalojadas el pasado 17 de febrero, pero hoy ascienden a 227 las que invadieron las instalaciones destinadas para los invasores que contempla la sentencia de la Corte Constitucional.
Denuncian algunos habitantes de la zona, que entre la multitud de familias invasoras, han llegado algunas que ya han sido beneficiadas por el gobierno con viviendas en sectores como Nando Marín y Lorenzo Morales, por lo que solicitan a la administración municipal hacer filtros que permitan a acabar con el negocio de los subsidios de vivienda.
Pobreza extrema
Historias diversas encontró EL PILÓN en este sector, una es la de Delia Ochoa, quien llegó allí con su esposo y sus seis hijos. “Se me perdieron platos, una alcancía que tenía, nos tocó correr porque un policía agredió a un señor y una niña, y yo en el momento salí con mi niño con síndrome de Down, que no camina”.
Por su parte, Abigail Bozzo, procedente de Venezuela con su esposo y sus tres hijos colombianos, expresó que debió salir de su país tras la expulsión de su esposo que no tiene nacionalidad venezolana y en Valledupar no han conseguido empleo.
De La Guajira llegó desplazado Orlando Caamaño, que solicita al gobierno apoyo para tener un techo propio. “Mi señora está embarazada, le tocó dormir una noche en la calle, tenemos tres niños que no están con nosotros porque no tenemos donde tenerlos”, contó.
Hay otros que como Rosalbina Bolívar Brito llevan años en condición de desplazados y no han recibido los subsidios que el gobierno destina para esta población. “Para mí esto es un desplazamiento porque a nosotros nos trataron como se trata a unos perros, nos ‘esmigajaron’ las casas, nos tiraron los chismes a la calle, tuvimos que dormir en la calle con los niños”, relató.
Mientras la medida de la administración municipal es desalojar y evitar la invasión de los albergues a toda costa, las familias invasoras sin más opciones piden a la Defensoría del Pueblo que se haga presente en la zona para que les garanticen sus derechos.
Un censo para determinar cuáles son las familias que nunca han recibido ayudas en vivienda del gobierno, pidieron los invasores de los albergues construidos en el sector de Francisco Javier.
Por Jennifer Del Río Coronell
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