Representantes de organizaciones indígenas y el gobierno nacional sentaron las bases del acuerdo para acreditar ante el Departamento Nacional de Planeación, DNP, la experiencia y buenas prácticas como parte de los requisitos que deberán cumplir esas comunidades y las asociaciones que conformen para la ejecución directa de los recursos de la asignación especial del Sistema General de Particiones, SGP.
El anuncio fue hecho por el director encargado del DNP, Edgar Antonio Gómez Álvarez, quien precisó que el acuerdo, trabajado en la mesa permanente de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas, respondió a la necesidad de definir directamente con ellos la experiencia administrativa y financiera y/o las buenas prácticas que deben acreditar para el manejo adecuado de los recursos del SGP.
“El manejo de recursos públicos demanda conocimientos y competencias específicas y ello conlleva responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria”, puntualizó el funcionario, tras señalar que por esta razón el DNP, además de cumplir la labor de certificar los resguardos indígenas y las asociaciones que estos conformen para la administración directa de los recursos de la asignación especial del SGP, desarrollará una estrategia para brindar asistencia técnica y acompañamiento a los resguardos para que hagan un uso adecuado de tales recursos y ejecuten con ellos proyectos que contribuyan de manera eficaz al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, al firmar el pasado 7 de octubre el Decreto 1953 que permite a los resguardos la administración directa de los recursos de la asignación especial del SGP, manifestó estar “seguro de que los gestores de los pueblos indígenas honrarán ese esfuerzo con un manejo eficiente, pulcro y pertinente de los recursos y competencias que se les transferirán”.
Cabe señalar que en la actualidad los recursos del SGP destinados a estas comunidades son administrados por las alcaldías y en algunos casos por las gobernaciones.
Hablan los indígenas
Para Manuela Ochoa Arias, del pueblo indígena Kankuamo, el tener ya la competencia para administrar la ejecución de los recursos del SGP representa no sólo el ejercer el derecho a la autonomía y a la libre determinación, sino también la posibilidad de invertir los recursos en sus planes de vida y trabajar directamente con sus prioridades. El reto para su gente será “hacerlo bien, con transparencia, basado en los principios de buen gobierno que tienen los pueblos indígenas”, puntualizó.
Por su parte Norey Maku Quigua, de la Confederación Indígena Tayrona y del pueblo Arhuaco, sostiene que la experiencia del trabajo conjunto entre el gobierno nacional, y en especial con el DNP para construir de manera concertada el proceso de certificación, permitirá que esa reglamentación se ajuste a la realidad de los pueblos indígenas, que en muchas ocasiones es desconocida por la institucionalidad.
ANNELISE BARRIGA RAMIREZ
Annelise.barriga@elpilon.com.co