El gobernador (r) del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, nuevamente compareció ante la justicia por una imputación de cargos que hizo la Fiscalía en su contra por presunta corrupción en 23 contratos que celebró para brindar ayuda humanitaria a las familias afectadas por covid-19.
Monsalvo Gnecco fue responsabilizado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación a favor de terceros, de los cuales no aceptó cargos.
Según la investigación, el gobernador vulneró los principios de transparencia, economía y selección objetiva al tramitar los 23 contratos para la obtención de kits de mercados dirigidos a la población vulnerable del departamento del Cesar durante la emergencia sanitaria.
La urgencia manifiesta decretada por la pandemia permitió que la Gobernación del Cesar hiciera contratos de manera directa, pero no habría realizado un análisis riguroso que permitiera determinar cuál era la oferta óptima para elegir a los contratistas con relación a costo – beneficio.
Un panorama que presuntamente habría ocasionado que los kits adquiridos en total por un valor de $9.094.617.600 presentaran sobrecosto por la indebida determinación de los precios unitarios de los alimentos.
Por ejemplo, en algunos contratos la leche en polvo de 380 gramos fue establecida a $11.500 pese a que en las empresas oficiales como Colanta y Nestlé costaba para la época $7.306, el frijol de 500 gramos fue establecido en $8.000 y el valor promedio era de $3.000, el aceite fue contratado por $8.500 y el valor promedio era de $4.760, el atún de lata fue pagado a $6.446.46 y el valor del mercado era de $3.800.
Además, se estableció que cada kit tuviera un valor unitario de $126.600 pese a que la media armónica establecida en cada contrato determinó que el precio pudo haber sido menor.
Así las cosas, al realizar un análisis sobre las cotizaciones ganadoras para los 23 procesos se determinó que los precios unitarios de algunos productos variaron considerablemente llegando a diferencias superiores al 200 %.
Sin embargo, la Fiscalía determinó que de los 23 contratos solamente en siete de estos se evidenció un detrimento patrimonial de $505.108.582.
“Usted fue advertido por medios de comunicación del departamento del Cesar y por la Contraloría General de la Nación del cúmulo de irregularidades que se cernían sobre los diferentes procesos contractuales y, en vez de oírlas y corregir el rumbo, las desestimó y continúo con cada uno de los trámites contractuales”, manifestó Andrés Alberto Palencia, fiscal 10 delegado ante la Corte en una audiencia desarrollada en el Tribunal Superior de Bogotá.
EL GOBERNADOR
Luis Alberto Monsalvo, por su parte, indicó que era inocente y que cumplió con el control y vigilancia de las funciones contractuales que había delegado a un funcionario para los trámites de los contratos.
Con este ya son tres los procesos que afronta Monsalvo, pero en esta oportunidad la Fiscalía no solicitó una medida de aseguramiento en su contra.
Monsalvo ya tiene una medida de aseguramiento domiciliaria por dos procesos penales por aparentes irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, del departamento del Cesar.