La gerencia del Hospital Rosario Pumarejo de López a través de su cuenta en Twitter dio a conocer el requerimiento que le hizo a la Policía Nacional, en lo concerniente a restablecer el orden público y garantizar el ingreso del personal administrativo y usuarios a la ESE; esto con ocasión de las diferentes manifestaciones de protesta que vienen adelantando el personal médico asistencial en las entradas del edificio administrativo y a la sala de urgencias, debido a que les adeudan 12 meses de salario.
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De acuerdo con la solicitud, puntualmente la administración del Hospital solicita: “tomar de manera inmediata las acciones que permitan darle la continuidad a la prestación de servicios en salud y promover el respeto por los derechos fundamentales a la salud, vida, integridad de la comunidad cesarense, determinando responables por comportamientos ilegales que no obedecen a intereses generales; lo anterior a raíz de las protestas que vienen adelantando los profesionales de la salud que se han tomado de manera abrupta e ilegal las instalaciones del Hospital, impidiendo el ingreso del personal administrativo presentándose una flagrante violación a lo establecido en la Resolución Nº 1139 de 2020, que señala el protocolo que a corto plazo incluye las medidas más urgentes que garantizan el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente“, se lee en apartes del escrito.
La solicitud que es firmada por el secretario de Gobierno departamental añade que la misma obedece a una petición presentada por la gerente del Hospital, Jakeline Henríquez Hernández, a fin de restablecer el orden.
La misma indica que el derecho a la salud se está viendo vulnerado afectando de manera directa a los usuarios por parte de los líderes de la protesta. Además que también esto está siendo perjudicial para los procesos administrativos ya que se han interrumpido y esto conlleva a no prestar una buena atención en el área de urgencias debido a que estas trabajan en conjunto a través de un sistema principalmente en la compra de medicamentos, los servicios de mantenimiento de ambulancias, el suministro de oxígeno y el aire medicinal, entre otros.
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Cabe recordar que los manifestantes han estado en protesta, incluso hasta huelga de hambre desde el pasado 4 de julio. Esta situación ha llevado a que la administración departamental, en su momento en cabeza del exgobernador encargado Wilson Solano, el secretario de Salud, Hernán Baquero, la gerente del Hospital, Jakelin Henríquez y voceros de los manifestantes y demás entes territoriales hayan realizado mesas de trabajo junto al Ministerio de Salud en busca de una solución, pero al parecer no llegan a un acuerdo.
“UN DESPROPÓSITO”
De acuerdo con el médico ginecobstetra Julio Julio Peralta, desde que están en esta problemática solo han recibido el pago de dos meses de salario con dineros girados por la administración departamental por valor de $3 mil millones, sin embargo el tiempo ha seguido transcurriendo y han vuelto a quedar ‘en las mismas’, 12 meses de salarios sin cancelar.
Igualmente manifestó que la decisión de la gerente del Hospital, de utilizar la fuerza pública para impedir que continúen reclamando los sueldos sin cancelar es ‘un despropósito’.
“Nos parece un abuso, una violación a los derechos fundamentales de la protesta consignado en la misma Constitución, y antes de tratar de buscar caminos de conciliación y negociación o ambiente de arreglo, entonces tratan de utilizar mecanismos de represión y deja entrever la actitud soberbia de una administración del Hospital y departamental que es contraria todos los derechos de los trabajadores”, indicó el especialista.
Detalló que los $15 mil millones recientemente anunciados por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, para saldar pasivos laborales en la ESE, solo ha quedado en promesas.
“Los recursos de los $15 mil millones no ha sido cierto, sí hay un anuncio y es lo que nos tiene disgustados. El ministro de Salud estuvo en Valledupar el tres de septiembre y se comprometió con los trabajadores a emitir la resolución para cubrir pasivos laborales, pero en mayo el Gobierno nacional en ocasión a la pandemia expidió la Resolución 753 para cubrir pasivos laborales de vigencias ya pasadas, pero el Hospital no fue beneficiado porque la administración no entregó la documentación ni correcta ni a tiempo y se dejaron de percibir recursos por los alrededores $9 mil millones”, dijo.
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Julio Peralta, sostuvo que posteriormente el Gobierno nacional decidió proyectar una nueva resolución para cubrir pasivos laborales: “y para eso hubo fecha de entrega de documentación el 12 de agosto, el ministro estuvo nuevamente aquí el 13 de septiembre y dijo que se comprometía con nosotros que en cuatro semanas iban a estar los recursos girados y la fecha no hay respuesta. Intentamos comunicarnos con el Ministerio de Salud y no fue posible, por tal razón el 7 de octubre decidimos reiniciar un cese de actividad luego el viceministro de Salud expresó que la resolución salía la semana del 15 al 20 de octubre, se pasó esa semana y nada que llegó la resolución y en ese entonces fue cuando el gobernador del Cesar trinó que había hecho algunas indagaciones con respecto a esa resolución y que ya se encontraba en la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud y que ya estaría la resolución con los recursos lo cual ha sido incierto”, subrayó.
Añadió que hoy lunes seguirán con la protesta porque además sus reiteradas manifestaciones han sido ignoradas por el gobernador Luis Alberto Monsalvo a quien le han solicitado una mesa de diálogo y al parecer se ha negado.
“Hemos sido ignorados por el gobernador, no obstante seguiremos en la protesta con impedir el acceso a la consulta externa, cirugías programadas y a la sede administrativa, si usan las fuerzas militares lo que haremos es movernos, pero seguiremos protestando”, puntualizó Julio Julio Peralta.
POR MILAGRO SÁNCHEZ FLÓREZ/ EL PILÓN